El escenario en el que nos encontramos es, dos personas en un coche por una vía. Un adulto con su hijo se detienen en un semáforo en rojo. El pequeño se da cuenta que hay una persona que está pidiendo dinero. El primer despertar del niño es que ese individuo se encuentra en algún tipo de necesidad, por lo cual pide dinero a su padre para que este pueda darlo al hombre que a su criterio se ve en condiciones de necesitar esa ayuda. El padre responde que no, que aquella persona tiene la completa capacidad física para realizar un trabajo para ser remunerado justa y dignamente, a lo que el niño asiente y cambia su opinión sobre darle ayuda a la persona que tocó su vidrio pidiendo alguna ayuda monetaria. 

La importancia de esta historia es ejemplificar como los individuos formamos nuestra percepción de los receptores de algún beneficio social. El concepto de la percepción del merecimiento es importante para explicar el descontento que ha surgido en varios sectores de la población con la actual política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, para explicarlo de mejor manera, necesitamos un poco de contexto: 

Los últimos treinta años, la política social mexicana ha vivido bajo una bandera que virtualmente todos los países de Latinoamérica han adoptado: Las transferencias monetarias condicionadas. Esta herramienta de política pública mejor conocida en México como progresa-oportunidades-prospera tuvo una fuerte expansión en los años 90 como un método de mitigación de la pobreza. Las transferencias monetarias condicionadas son programas que transfieren efectivo, generalmente a hogares bajo una línea de bienestar con la condición de que los hogares realicen una inversión preespecificada en el capital humano de sus hijos (Fiszbein & schady, 2009). Esto quiere decir que un individuo tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder recibir un apoyo social que usualmente es en efectivo.  En México, por ejemplo, se condicionaba a la asistencia periódica a revisiones médicas y asistencia escolar regular de los menores. 

Yaquis pidiendo dinero en la carretera que atraviesa Vícam. Febrero 2020.

Las transferencias monetarias condicionadas nacen en un contexto complejo; un cambio de paradigma económico global que tuvo un fuerte impacto en las ideas de cómo llevar el bienestar a las personas. Dentro de los países en vías de desarrollo se gestó una transición de un modelo de desarrollo basado en apostar al aumento de la fortaleza institucional de la seguridad social, hacia un modelo de reducción de la pobreza.  Esto sucedió paralelamente con lo que hoy llamamos los ajustes estructurales que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron en aquellos años dentro de los países en vías de desarrollo. 

Este cambio tuvo como consecuencia la transición del paradigma de apostar hacia el desarrollo de un estado de bienestar, cuyo proceso depende de la evolución de las instituciones pilares que lo forman (educación, pensiones, trabajo y sanidad), hacia uno de apostar por una redistribución directa de los recursos con el objetivo de reducir la pobreza, que terminarían manifestándose como transferencias monetarias condicionadas. 

El impacto que tuvieron las transferencias monetarias condicionadas en Latinoamérica tiene dos caras. Por un lado, se encuentra el veredicto de las organizaciones internacionales y oficialistas, donde se alaba el crecimiento de las tasas escolares y el considerable mejoramiento de la cobertura en salud y alimentación de los beneficiarios de los programas. En otro sentido, la evidencia prueba que, si bien hubo un aumento en estos dos indicadores, la cobertura en salud ni en educación tuvo un impacto de mejorar la salud de los individuos o de aumentar la capacidad cognitiva de los niños, por lo que algunos decretaron que el objetivo principal de los programas de transferencias condicionadas (Aumentar el capital humano de las nuevas generaciones, para así evitar la transmisión generacional de la pobreza) no había sido alcanzado. 

Con todo y su guerra en contra del neoliberalismo, AMLO, en su intento de alejarse de aquella política social fallida, da nacimiento a una nueva política social, una estrategia de liberar a las personas de esas condicionalidades, universalizar los beneficios y proteger a algunos grupos sociales que anteriormente no se encontraban contemplados en la política social que PAN y PRI compartieron durante 30 años. 

La nueva política social de Andrés Manuel López obrador, consistente en transferencias monetarias no condicionadas, significa que se eliminan las acciones requeridas por parte de los beneficiarios para poder acceder a los beneficios. En el mismo sentido, se les otorga no solamente a individuos que se encontraban bajo una línea de bienestar o con algún rezago, sino que se les daba acceso a los beneficios universalmente a los miembros de algún grupo en particular reconocido como vulnerable. 

Pensión Universal para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, son algunos de los programas iniciados en este sexenio. Un caso especial entre ellos es el del programa jóvenes construyendo el futuro, donde se le otorga un estipendio mensual a los jóvenes que se encuentran sin estudiar ni trabajar. El programa ha sido bautizado coloquialmente como la “beca nini” y se le ha comparado con otros esquemas de transferencias como el caso de los médicos internos pasantes, los cuales reciben un monto mucho menor que los primeros.

El problema que nace del descontento de las personas sobre los nuevos esquemas de beneficios hacia este grupo social corresponde a un fenómeno llamado la percepción del merecimiento. En el momento donde los individuos toman conciencia de su sentimiento solidario, este sentimiento no se activa por un mecanismo necesariamente ideológico. El argumento es que la mayoría de las personas no tienen una postura específica sobre distintos escenarios donde se pone en practica la solidaridad, como en el caso de los beneficios sociales, por lo que un mecanismo distinto al ideológico entra en contacto con la decisión de ser solidario o no, a esto, se le llama a esto la heurística del merecimiento. De acuerdo con Oorschot(2000), los principales criterios que activan las señales que definen si un individuo es solidario o no, corresponden al grado de control que tienen sobre sus necesidades, el grado de necesidad, la proximidad étnica o de nacionalidad, la docilidad del beneficiario y la posible capacidad de devolver el beneficio.  

Estas clasificaciones explican diversos escenarios dentro de la solidaridad interpersonal de los individuos. En el caso de la condicionalidad y la no condicionalidad de los programas sociales, los individuos son capaces de aceptar con mayor facilidad que se les otorguen beneficios sociales a otras personas si existe una reciprocidad por su parte, esto es, la capacidad de devolver el beneficio. 

La condicionalidad de las transferencias nace bajo este marco político. La condicionalidad no tiene su génesis en una existencia de asimetría de información o de altruismo incompleto dentro de las familias, donde la familia no sabe que es lo mejor para sus hijos, sino por un paternalismo social sobre no aceptar que las clases sociales en rezago reciban un beneficio sin realizar alguna tarea a cambio. 

Aquí nace el problema con los programas de AMLO. Por años, la condicionalidad de las transferencias medió la capacidad de los individuos de aceptar que se realizaran transferencias monetarias a las personas bajo un umbral de pobreza. Ahora, sin la condicionalidad, los individuos se niegan a aceptar que se le otorgue el beneficio social porque ya no existe el factor condicional que regule la percepción del merecimiento.  

Las críticas hacia sus programas no pasan del análisis de “Está regalando dinero a los pobres”. Este argumento, utilizado por las fuerzas políticas opositoras denota el paternalismo acostumbrado de todos los años que la política social estuvo sujeta a los programas de transferencias monetarias condicionadas. 

Niños yaquis pidiendo dinero en la carretera que atraviesa Vícam. Octubre 2019.

Existen una serie de argumentos válidos contra los programas sociales de AMLO que hasta la fecha no han sido explorados. El bajo gasto social, La disociación entre su política fiscal y la narrativa de mejora en los distintos servicios, la carencia de un aumento en el gasto dentro de los pilares del estado de bienestar. El gasto social no ha aumentado, las instituciones pilares no reciben más financiamiento y el gasto se va en transferencias. Aquí nos surge la duda, ¿Es neoliberal la política social de AMLO? 

Si bien la universalidad de los beneficios son una tendencia en política social, y las discusiones sobre cómo llevar bienestar ya llegan hasta las lejanías de la renta básica universal, hay claroscuros dentro de la política social mexicana que no la vuelve estrictamente universal, como la focalización mediante los llamados servidores de la nación, aquellos personajes que realizaron los censos para la entrega de los beneficios. 

En un escenario ideal, los mexicanos aceptaríamos que se le transfirieran recursos a los más necesitados debido a la creciente desigualdad y por la trampa de la pobreza en la que se encuentran sumidos millones de ciudadanos, pero no es así. Hay personas que creen que no se le debería de otorgar estos beneficios a los individuos porque no han hecho nada para conseguirlo; el mito meritocrático ha ganado el premio a la mejor herramienta en los premios neoliberales 2020. 

Lo cierto es que la lucha por los derechos sociales ya no debería ser considerada como una lucha. El mayor invento del siglo XX es la idea de responsabilizar al estado de colaborar con el bienestar social. No podríamos concebir un mundo donde el aparato gubernamental no colaborase con mantener la salud, una educación de calidad y un sistema de pensiones que asegure una vejez digna. Lo cierto es que la transición de una idea del merecimiento o no de una transferencia monetaria debe redireccionarse a aceptar que son sujetos de derechos sociales ya reconocidos, y la conversación no debería versar sobre si se les otorga o no recursos, sino de cuál es la mejor política de redistribución y como podemos sacar de la pobreza a la mitad de la población mexicana.

Por Alejandro Zepeda

Fotografía de Armando Sánchez

Bibliografía

Oorschot, W. V. (2000). Who should get what, and why? On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public. Policy & Politics28(1), 33-48.

Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). Conditional cash transfers: reducing present and future poverty. The World Bank.

Sobre el autor

Maestro en Políticas Públicas y Sociales por el Centro de Políticas Públicas de Johns Hopkins University y la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España; y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ha colaborado en espacios de política juvenil en Sonora y actualmente es asesor en el Congreso del Estado de Sonora.

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