Carlo Rubio MejíaPanorama complejo
El Plan de Justicia Seri-Comcaac surgió en 2022 como una de las principales apuestas del gobierno federal para atender las demandas históricas del pueblo comcáac en Sonora. Después de siglos de desplazamientos, campañas de exterminio, marginación y abandono institucional, el proyecto buscó restituir derechos básicos relacionados con el agua, el territorio, la cultura, la educación y la salud. Sin embargo, los resultados de su primera etapa, desarrollada entre 2022 y 2023, muestran un panorama complejo: aunque existen avances importantes, también persisten conflictos internos, falta de continuidad y ausencia de mecanismos legales que garanticen la permanencia de los apoyos.
El plan fue construido a partir de más de veinticinco mesas de trabajo realizadas entre autoridades tradicionales seris y representantes de los tres niveles de gobierno. En ellas se recopilaron alrededor de seiscientas necesidades planteadas por la propia comunidad. La mayoría de las reuniones se realizaron en territorio comcáac, principalmente en Punta Chueca y Desemboque, lo que permitió incorporar parte de la visión intercultural que el proyecto pretendía impulsar.
Críticas y denuncias
Uno de los ejes más relevantes fue el relacionado con el agua. Durante décadas, el acceso al agua potable ha sido una de las principales exigencias del pueblo seri. En esta primera fase se amplió la desaladora de Punta Chueca, se instalaron paneles fotovoltaicos y se proyectó el acueducto Desemboque–Punta Chueca, considerado por muchos habitantes como una solución histórica. El proyecto pretende llevar agua desde Pozo Coyote, un sitio con profundo valor simbólico y tradicional para los comcáac. No obstante, el avance también generó críticas. Algunos habitantes denunciaron que la construcción del acueducto dañó flora importante del territorio y que no existió consenso pleno con los ancianos y autoridades tradicionales para intervenir ciertas áreas consideradas sagradas. Estas tensiones evidencian que la reparación histórica no depende únicamente de la inversión económica, sino también del respeto a las formas comunitarias de decisión.
En materia de vivienda e infraestructura se construyeron casas para familias jóvenes y espacios comunitarios, aunque muchas obras permanecen inconclusas o carecen de servicios básicos como agua y electricidad. Además, algunos pobladores señalaron irregularidades en la selección de beneficiarios y cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de recursos. Diversos testimonios coinciden en que gran parte de las decisiones quedó concentrada en la figura del gobernador tradicional en turno, lo que provocó inconformidades internas y acusaciones de favoritismo.
La economía comunitaria también ocupó un lugar central en el plan. Se destinaron recursos a la pesca, el turismo, la producción artesanal y proyectos ambientales. Sin embargo, varios pescadores afirmaron que nunca recibieron apoyos prometidos, pese a aparecer en listas de beneficiarios. Otros denunciaron que algunas embarcaciones fueron entregadas a personas que ya contaban con equipo propio. Para muchos habitantes, el problema principal es que no existen reglas claras ni mecanismos comunitarios permanentes para distribuir los recursos de forma equitativa.
En el ámbito de la salud, el panorama refleja avances limitados. Aunque el Plan de Justicia planteó fortalecer los servicios médicos y la medicina tradicional, continúan las carencias de medicamentos, especialistas y equipos básicos. Enfermedades como la diabetes siguen afectando gravemente a la población, obligando a muchos habitantes a trasladarse a Hermosillo para recibir atención médica. Además, algunos pacientes denunciaron obstáculos burocráticos para acceder a apoyos institucionales.
Logros
Uno de los logros más significativos se encuentra en el terreno educativo y cultural. Docentes seris participaron en la traducción de libros de texto de preescolar y primaria a la lengua cmique iitom, un hecho considerado histórico por la propia comunidad. También se impulsaron talleres de música, danza, pintura facial y revitalización lingüística. Estas acciones fortalecen la identidad cultural y representan uno de los ejemplos más claros de incorporación de conocimientos tradicionales dentro de las políticas públicas.
Sin embargo, la investigación advierte que
muchos de estos programas culturales dependen de apoyos temporales y carecen de sustento jurídico o presupuestal que garantice su continuidad. Talleres, festivales, desayunos escolares y proyectos de medicina tradicional funcionan mediante recursos inmediatos, pero sin una estrategia a largo plazo. El análisis concluye que el Plan de Justicia Seri-Comcaac sí logró avances importantes en temas prioritarios como agua, territorio y cultura. También permitió abrir espacios de diálogo entre el gobierno y las autoridades indígenas. No obstante, las divisiones políticas internas, la falta de normatividad y la ausencia de mecanismos permanentes de participación comunitaria han debilitado parte de sus resultados.
Más allá de las cifras de inversión y de las obras iniciadas, el caso seri demuestra que la justicia histórica no puede limitarse a programas temporales o apoyos económicos aislados. La verdadera reparación requiere construir acuerdos duraderos, reconocer plenamente la autonomía indígena y garantizar que las comunidades participen activamente en las decisiones sobre su territorio, sus recursos y su futuro.
Por Carlo Rubio Mejía
Fotografía de Julián Ortega / El Imparcial
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https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/es/article/view/1963
