Tonatiuh Castro SilvaUn obrero de la cultura, si los hay, ha sido el autor de este ensayo testimonial, quien ha llevado la defensa de su dignidad a un límite que muy pocos…
Leamos cómo y por qué
Hermosillo, Sonora.-
Un móvil, y no un propósito, condujo al mundo occidental a la invención de la cultura. Debiera entenderse que sus élites han sido, en realidad, quienes le concibieron, haciéndolo, además, sin asumir los compromisos éticos de enarbolarla.
De acuerdo con el propio dogma del canon occidental, la cultura surge de la comunicación humana; ontológicamente, las interrelaciones entre personas y comunidades generan tal quintaesencia que sostiene a toda sociedad y que algunos llaman “cultura”, y otros, con el propósito de demarcar las diferencias económicas, socioestructurales y hasta intelectuales, “civilización”. En ese sentido, y en primer término, la diversidad de expresiones de la llamada “condición humana” tuvo en la libertad de expresión, en un momento ya lejano e indeseable, su mayor logro, de acuerdo con el positivismo y el liberalismo. La libertad de pensamiento y expresión pareció ser piedra fundacional del mundo occidental, al nutrir paradigmas humanísticos e ideología políticas. No obstante, desde las primeras décadas del siglo XX y, sobre todo, en la reedición de los totalitarismos y del supremacismo que actualmente vivimos, acallarla ha resultado un procedimiento definitorio de su ámbito público.
En el mismo sentido del uso legítimo de la fuerza, el Estado reclama para sí la conducción de la vida cultural, aun careciendo de las manos que le permitan efectuarlo con un sustento especializado, digamos que, por lo menos, con sensatez. La vacuidad de su ideario, el poderío de los intereses que le sostienen, hacen del silenciamiento el lubricante de la maquinaria gubernamental.
El desasosiego de cultivar en el desierto
El reciente devenir de “la cultura” en la región y en el país ha propiciado diálogos y denuncias públicas con el propósito de discernir los avances y aciertos, los yerros y retrocesos, que se ha venido planteando en esta esfera de la vida nacional, con mayor apremio desde la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue perceptible en aquel tiempo un rumbo que efectivamente hemos confirmado: la decadencia. A partir de estas mortificaciones, y asumo que a partir de la consideración de mi oficio sociológico y de la labor divulgativa y periodística que he desempeñado por largo tiempo, se me han solicitado cada vez con mayor recurrencia mis apreciaciones respecto a cómo la politización –en su modalidad ideologizante, concreción de la falsa conciencia–, el nepotismo y la corrupción han venido carcomiendo, básicamente, al sector público.
Desde mis primeras alocuciones referentes a la anomia política y social propias de la parcela de la cultura, expresadas justo en el momento mismo de mis primeras publicaciones, aparecidas en 1987 y seguidas muy pronto por una constante difusión mediática, y adosadas eventualmente a propaganda de diversos movimientos y movilizaciones, el sustrato procurado ha sido la consistencia entre mi percepción y las palabras, y no tanto el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Todo autor, todo ciudadano, y es preciso decir, toda persona, goza del derecho a la libertad de expresión, que es universal. Sin desconocer que tal principio me es inherente, no asumo para mi escritura, pues, el cobijo republicano como el amparo en el que sustento mi crítica.
El mismo ánimo ha signado mi labor de divulgación académica, que ha partido siempre de iniciativa propia, y no a partir de los planes y proyectos institucionales que, como lo he destacado, suelen ser contrarios incluso al mundo normativo.
El acallamiento al interior de la administración pública es una práctica histórica y sistemática. Una cierta variación en la fiscalización depende de las autoridades en turno, de la funcionaria o del superior que por determinada circunstancia ocupa el cargo conducente. En este voluble contexto fue que en determinados momentos señalé a partir del fundamento académico, el despojo territorial o el genocidio en los ámbitos regional o nacional; la privación de servicios e infraestructura sufrida por diversas poblaciones; el atropello de los derechos humanos de culturas minorizadas y de sus miembros en lo individual; la errática conducción de la vida institucional, que nos condujo a la disolución axiológica, a la pulverización de la seguridad. Señalar a mediados del sexenio 2018-2024 el estado de la cultura oficial, que registraba para entonces una disminución presupuestal para Sonora por parte de la Federación del 12,679%, en las páginas de Proceso, debió asumirse como información pertinente para rectificar el rumbo, pero la rectificación procurada fue en otro sentido.
Resulta una fortuna haber tenido la oportunidad por casi cuarenta años de expresar hallazgos e ideas en el ámbito laboral; así mismo, salir airoso ante censuras internas, punitividad objetivada en precariedad, hostigamiento cotidiano, y, sobre todo, sobrevivir a un atentado, el cual fue acto público, distante de la privacidad y el disimulo que permiten las oficinas.
He desempeñado mi labor investigativa en diversos organismos públicos y privados, así como en diversos proyectos interinstitucionales; la docencia universitaria la he ejercido en dos universidades públicas, he sido profesor visitante en otras tres, y docente también en dos universidades particulares. Inextricablemente, ser profesional de las ciencias sociales ha implicado extensionismo, asesoría, capacitación y divulgación. No obstante, teniendo así una experiencia laboral más amplia, por ciertas razones, se me suele relacionar con una institución en particular.
Del esplendor a la herrumbre
Fue recinto de la opulencia porfiriana y devino en hogar de la diversidad cultural del desierto de Sonora, exorcizando aquel origen, emparentado con las campañas genocidas de la región en la alborada del siglo XX. Desde su concepción, la creación del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora en un inmueble con connotaciones política, socioeconómica y estética implacables, supuso una vocación contraria. Su primera década parecía enfilarle a su consolidación como espacio museológico coadyuvante del reconocimiento de la pluralidad regional, pero tras aquellos empeños, su ruta ha sido el desacierto.
Apareció como el tercer museo de la ciudad de Hermosillo, añadiéndose al limitado panorama conformado por los museos de historia regional de la Universidad de Sonora y del INAH. La Dirección General de Culturas Populares creada a nivel federal en 1978 por los antropólogos Rodolfo Stavenhagen, Guillermo Bonfil Batalla y Leonel Durán en el seno de la Secretaría de Educación Pública, contó a partir de 1983 con una Unidad Regional en Sonora, teniendo modestas oficinas en la colonia San Benito de Hermosillo, y creando a lo largo de esa década una red de Centros de Cultura Indígena en las regiones yoeme o yaqui, yoreme o mayo, makurawe o guarijío y comcáac o seri. Hacia 1997, el museo creado sobre la otrora llamada Casa Hoeffer, se convirtió de esta forma en el centro de operaciones de dicha unidad en la entidad, gracias a la gestión de Rosa María Ceballos, quien promovió el rescate de la antigua residencia de la ignominiosa condición en que varios gobiernos estatales le habían dejado.
A partir de 2004, debido a una inapropiada ejecución de un convenio de descentralización, sobrevino una etapa de incertidumbre y logros parciales, en la que el Instituto Sonorense de Cultura designaba la titularidad de la coordinación de Culturas Populares en la entidad, supeditando a sus órdenes al personal federal.
Con la llegada de la pandemia por Covid-19, el cierre precautorio del museo se convirtió, finalmente, en la clausura del proyecto que lo concibió. El arribo del gobierno federal del Nuevo Régimen implicó no una condición de austeridad, que en realidad ha sido el derrotero de la dependencia desde su creación, sino un práctico abandono del espacio, y un posterior pretendido cierre, que debió ser denunciado en redes sociales.
En dos momentos del año 2022, a partir de dicha expresión ejercida de forma extra oficial, acudieron funcionarios federales al edificio que por veintidós años albergó al museo. El 21 de marzo de aquel año, se dio una visita a Hermosillo del director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la Secretaría de Cultura, Jesús Antonio Rodríguez, quien sostuvo reunión con personal de la Unidad Regional Sonora, observando las condiciones del inmueble.
Hacia el 30 de junio, se efectuó una visita de inspección del edificio por la Dra. Marina Núñez Bespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural y, de nueva cuenta, por parte del titular de la DGCPIU; les acompañaron varios funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Cultura federal, así como el director de Centro INAH Sonora, Arq. Zenón Tiburcio Robles.
La situación trascendió hacia la expectativa del sector cultural y de los medios, esclareciéndose ante la opinión pública la situación a partir de una entrevista concedida por mi persona al periodista Arturo Soto Munguía, lo que implicó, además, en el ámbito interno, más bien el oscurecimiento. En la jornada matutina del lunes 5 de diciembre de 2022, tanto el ISC, como la DGCPIU publicaron comunicados en sus páginas oficiales de Facebook, rechazando la nota periodística de la medianoche previa. De forma peculiar, en ambos casos se señaló una presunta falsedad en las palabras de Soto Munguía, aun cuando se trataba de una entrevista, sin nombrar a quien había señalado al periodista el desasosiego que padecía el museo.
Al mediodía de la misma fecha, un medio multiplataforma del sur de Sonora solicitó entrevista, compartiendo vía telefónica, en vivo, mi apreciación de la situación.
En el anochecer de aquella jornada, un tribunal improvisado, apostando al ostracismo dable gracias al mundo virtual, se erigió mediante una reunión a distancia, encabezada desde la Ciudad de México por Jesús Antonio Rodríguez, teniendo como interlocutor al autor del presente texto.
En el acto, se expresó un colérico apercibimiento verbal basado en el supuesto de la incompetencia del suscrito para informar acerca de la situación de su centro de trabajo. En tal insolente sesión, múltiples recuadros que no mostraban el rostro de los testigos conectados plagaron la pantalla de cada dispositivo que hacía converger dispares y contrapuestos puntos de vista en torno al México profundo. En dicha deleznable velada se me indicó dar una nueva entrevista, desdiciéndome de mis afirmaciones. De ninguna forma habría de abonar a la clausura de un espacio que había sido validado por las comunidades originarias en la región.
Asumiendo que se trataba de una batalla, en claro desafío a la sinergia entre niveles de gobierno, mediando diciembre de 2022, aprovechando la vulnerabilidad del inmueble en tanto el personal federal se encontraba trabajando desde casa como disposición por el confinamiento –pues oficialmente se decretó el fin del trabajo en casa hasta mayo de 2023–, la planta alta del edificio del museo fue ocupada por parte de la Coordinación de Información Cultural del ISC. Ante la inconformidad naturalmente generada, se efectuó una reunión convocada por la directora del ISC, Guadalupe Beatriz Aldaco, recientemente nombrada por el gobernador Alfonso Durazo, con el personal de Culturas Populares con sede en Hermosillo. En la ocasión, la funcionaria anuncio la no reapertura del museo por parte del ISC, argumentando carencia de recursos y prioridades distintas a las del fomento cultural.
Ante el desentendimiento públicamente manifiesto por parte tanto de la DGCPIU del gobierno federal, como del ISC, el personal ya había venido recurriendo a la autogestión y a la difusión independiente. En el mes de noviembre se convino la reapertura de una sola sala del museo con una exposición sobre tradición de Día de Muertos, con recursos del personal. En diciembre, se montó una exposición de pintura presentando obra de la Asociación Sonorense de Artes Plásticas, A. C., y se montó una reducida exposición sobre tradiciones navideñas, igualmente, con base en recursos de nómina del personal. Procurando difusión artística, y denuncia a la vez, se llevó a cabo una entrevista multiplataforma más, en noticiero de Daniel Sánchez Dórame y Cynthia García, el 13 de diciembre de aquel errático 2022.
Pretendiendo reescribir la historia, en febrero de 2023 el gobierno sonorense designó a Jesús Antonio Madrid del Río como responsable de actividades del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora y de Plaza Bicentenario. Posteriormente, se le nombró Coordinador de Patrimonio Cultural, cargo que bajo el esquema de descentralización había incluido la jefatura de Culturas Populares en Sonora –cargo que ocuparon sucesivamente: Diana Reyes, Alba Gloria Galindo y Mónica Villegas–, pero que desde el transcurso del confinamiento se había excluido, pues con el arribo de una nueva administración al ISC, que prescindió de Culturas Populares como una de sus áreas, la Federación nombró a una encargada, en tanto se requería fluidez en el manejo administrativo y laboral.
Un par de años están por cumplirse de aquella apuesta por parte del gobierno de Alfonso Durazo pero, como en todo experimento, aun de corte científico, el fracaso era una de las posibilidades, y fue la que resultó.
Al arribar el gobierno de Claudia Sheinbaum, Jesús Antonio Rodríguez fue retirado como director general de Culturas Populares, al encontrarse bajo la acusación de más de cuarenta procedimientos por acoso laboral e inciertos manejos administrativos.
En julio de 2025, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, cuyo personal por décadas anheló verle convertida en un instituto nacional, fue desaparecida. En el organigrama de la Secretaría de Cultura se le registra con una denominación distinta, con facultades desdibujadas y dimensiones acotadas, bajo la tutela de una llamada Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad.
Coincidentemente, unos meses antes del naufragio, procurando resarcir mi trayectoria laboral, no en aras de afinar mi perfil curricular, sino al ser padre de un profesionista y un profesional de los derechos humanos, asumí renunciar a la institución, con todo y las cercanías de mi jubilación (27 años de servicio en Culturas Populares), en un momento apropiado para reivindicar un concepto jurídico, ético y familiar: la dignidad de la persona.
Durante el mismo verano, el ISC sacó de su manga el as que le permitiría reconstituirse como organismo rector de la vida cultural de Sonora, al disponer una nueva titularidad en su Coordinación de Patrimonio Cultural. A la fecha, no sólo el museo de esta relatoría, sino el espectro estatal de los recintos culturales, se ve condenado a recoger sus ladrillos para poder reconstruirse, haciendo realidad la analogía que don Diego Prieto hiciera respecto a la extinta DGCP.
Los procesos socioculturales no son determinados por la lógica burocrática. Bien señala Esteban Krotz en “Cinco ideas falsas sobre la cultura” una serie de supuestos recurrentes que sobrevaloran la intervención gubernamental en los ámbitos de la cultura tradicional, la infraestructura cultural y educativa, y el subvencionismo. No obstante, la historia contemporánea nos muestra que, en contraparte, no el manto hegemónico, sino la responsabilidad estatal ante dicha sustancial y siempre encomiable esfera de la vida social, es insoslayable.
Por Tonatiuh Castro Silva
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