Mario VelázquezSiempre lúcido el doctor Velázquez
México es simultáneamente un país de emigrantes, inmigrantes, retornados y familias transnacionales. Millones de mexicanos viven fuera del territorio nacional y muchos poseen dos nacionalidades. Existe también una creciente cantidad de extranjeros que deciden vivir en nuestro país, y aquí tener hijos. Por otra parte, tenemos un creciente entorno político internacional donde se busca separar la ciudadanía al ejercicio de los derechos civiles; los que no sean reconocidos como miembros de una nación carecen de protección estatal (migrantes “ilegales”). En este contexto resulta significativo que el Congreso haya avanzado en una reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. El Senado la aprobó el 29 de septiembre de 2026 por 86 votos contra 42 y la remitió a las legislaturas estatales, por lo que al momento de escribir estas líneas todavía debe completar el procedimiento de reforma constitucional. La discusión planeada desde las voces oficiales parece referirse únicamente a los requisitos para ocupar tres cargos (presidencia, gobernaturas y jefatura de la ciudad de México). En realidad, plantea una pregunta mucho más profunda: ¿qué significa ser mexicano y qué derechos políticos deben acompañar esa condición?
La contradicción comienza en la propia evolución constitucional.
En 2021 se reformó el artículo 30 para ampliar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero. México reconocía así una realidad evidente: la nación mexicana rebasa sus fronteras territoriales. La Constitución, además, ya contempla en su artículo 32 la existencia de mexicanos que poseen otra nacionalidad y ordena a la ley regular sus derechos y los posibles conflictos derivados de esa condición.
La nueva reforma camina parcialmente en sentido contrario. No elimina la doble nacionalidad ni convierte a quienes la poseen en extranjeros. Sin embargo, establece una diferencia significativa entre mexicanos: para acceder a las máximas posiciones del Poder Ejecutivo ya no bastaría con ser mexicano por nacimiento; sería necesario no tener otra nacionalidad o renunciar a ella en los términos establecidos.
Esto afecta particularmente a una población cuya condición binacional muchas veces no resulta de una decisión personal. Un hijo de mexicanos nacido en Estados Unidos puede ser mexicano y estadounidense por nacimiento. Ambas pertenencias son jurídicamente legítimas. Sin embargo, si quisiera aspirar a gobernar México tendría que resolver esa condición de una manera que no se exige a quien nació y permaneció exclusivamente bajo una nacionalidad.
Los defensores de la reforma sostienen que quien encabeza el Poder Ejecutivo debe mantener una lealtad exclusiva hacia México y que la medida busca evitar conflictos de interés o de fidelidad nacional. El argumento no carece de antecedentes constitucionales: México reserva desde hace tiempo determinados cargos y funciones a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. Pero existe una pregunta inevitable: ¿la lealtad política se puede medir por el número de pasaportes?
Una persona con una sola nacionalidad puede mantener empresas, inversiones, propiedades e intereses económicos en otros países. Una persona con dos nacionalidades puede haber vivido décadas en México, pagar aquí sus impuestos y mantener una participación política y comunitaria mucho más intensa. La nacionalidad constituye una relación jurídica con un Estado; no es, por sí misma, una prueba de lealtad.
Esto conduce a otra pregunta: ¿es ésta una reforma de izquierda o de derecha?
No existe una correspondencia mecánica. Las izquierdas han defendido históricamente la soberanía nacional y las derechas pueden defender derechos individuales frente al Estado. Sin embargo, una parte importante de la izquierda contemporánea ha asociado su programa con la ampliación de derechos, la igualdad jurídica, la inclusión de migrantes y minorías y la eliminación de barreras relacionadas con el origen. Las derechas nacionalistas, por su parte, han colocado mayor énfasis en las fronteras de pertenencia, la soberanía, la identidad nacional y la exclusividad de determinadas obligaciones hacia el Estado.
Vista desde ese eje, la reforma presenta una paradoja: un gobierno que se identifica con la izquierda impulsa una modificación cuyo mecanismo no amplía derechos políticos, sino que establece una condición adicional para ejercerlos. La contradicción es todavía mayor por la posición histórica de México frente a sus migrantes. El Estado mexicano reclama que sus ciudadanos en Estados Unidos sean respetados independientemente de su origen, condición migratoria o identidad cultural. Los considera parte de la nación, promueve sus vínculos con México y reconoce jurídicamente la posibilidad de conservar la nacionalidad mexicana. Pero ahora parece decirles que una doble pertenencia perfectamente legítima se vuelve problemática cuando alguno de ellos pretende alcanzar determinados espacios del poder político.
Esta reforma no crea formalmente una ciudadanía de primera y otra de segunda para todos los derechos. Pero sí genera una diferenciación entre mexicanos respecto del máximo derecho político de acceder a determinadas responsabilidades públicas. El problema crecerá conforme México es ya en país de destino; migrantes que hoy llegan desde Estados Unidos, América Latina, Europa o Asia forman familias en territorio mexicano. Sus hijos pueden crecer como mexicanos y simultáneamente poseer otra nacionalidad. La sociedad mexicana es crecientemente transnacional.
Por eso la cuestión rebasa a Morena, a la oposición y a cualquier posible candidato.
Tampoco puede resolverse simplemente colocando a la reforma una etiqueta de izquierda o derecha. Lo importante es identificar el principio que introduce. México tiene que decidir si entiende la nación como una comunidad que exige exclusividad jurídica para confiar el poder político a determinadas personas o si considera que, en sociedades transnacionales, la lealtad democrática debe demostrarse mediante el cumplimiento de la Constitución, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones.
Para una izquierda que se define como progresista existe aquí una contradicción que merece explicación: ¿por qué una sociedad cada vez más diversa y transnacional necesitaría ahora una definición más restrictiva de quién puede gobernarla? Tal vez ésa sea la pregunta fundamental detrás de esta reforma. No cuántos pasaportes puede tener un presidente, sino qué tan mexicano debe demostrar ser un mexicano para tener exactamente los mismos derechos políticos que otro mexicano.
Por Mario Velázquez
