La guerra por el agua del Río Sonora: entre la necropolítica y la ilegalidad

Saludamos el regreso de José Luis Jara no sólo a Crónica Sonora sino al ejercicio periodístico en sí mismo

Enhorabuena por nosotros 🙂

Ures, Sonora.-

El conflicto por el agua en Sonora escaló de las márgenes del río a los escenarios del poder federal. En una mañana marcada por la rutina de Palacio Nacional, la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en el punto de inflexión donde la «guerra por el agua» dejó de ser una disputa local para volverse una maniobra de alto calibre político. El guión, sin embargo, parece escrito con tinta al estilo neoliberal, repitiendo estrategias de simulación y despojo que hunden sus raíces en el trauma ambiental del derrame de 2014.

Escena I: El Sorteo de la Presidencia y la Sombra Inmobiliaria

El quiebre llegó con una pregunta con dados cargados: la periodista Reyna Haydeé buscaba arrinconar a la presidenta con un simple «sí» o «no» sobre la cancelación del proyecto de las tres presas en el Río Sonora.

Sheinbaum, dueña del escenario, sorteó el golpe con astucia política. No cerró la puerta a las presas, pero tampoco las defendió de frente. Delegó la respuesta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la organización de una consulta con la comunidad, poniendo la decisión final en manos de «la gente». Su estrategia es clara: evitar el costo político de la cancelación, pero abrir una ventana de legitimidad que permita, mediante la persuasión, imponer el proyecto.

Sin embargo, la presidenta le soltó la rienda al gobernador sonorense, Alfonso Durazo para que actuara en base a su conveniencia.

Entre los dardos de la reportera flotaba el fantasma del negocio inmobiliario en los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez. No era un fantasma nuevo: en el pasado, gobernadores como Eduardo Bours y Guillermo Padrés ya beneficiaron a sus cercanos, incluyendo a la familia Coppel, con el desarrollo de fraccionamientos millonarios en esa zona. El argumento detrás de la construcción de nuevas presas es, para muchos, asegurar que los terrenos de la Abelardo L. Rodríguez nunca se inunden y queden así blindados para el usufructo privado.

Escena II: El Contragolpe de Durazo y el Fracaso en Ures

El Gobierno del Estado de Sonora reaccionó de inmediato, funcionando como un pararrayos comunicacional. Horas después de la Mañanera, la vocera estatal Paloma Terán anunció que los terrenos adyacentes a la presa Abelardo L. Rodríguez serían declarados reserva natural. Un mensaje tranquilizador, diseñado para neutralizar la acusación de negocio inmobiliario.

Si las presas no son para blindar el negocio inmobiliario, la pregunta se vuelve más oscura: ¿serán entonces para asegurar el agua a la voraz minería sonorense, especialmente a Grupo México?

Mientras el gobierno jugaba a la simulación en los medios, en tierra, con la rienda suelta el gobernador Alfonso Durazo, y su equipo lanzaron un «operativo de convencimiento» para coaccionar a los pueblos del río. El montaje fue encabezado por el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y respaldado por una plana mayor de funcionarios sin vínculo hídrico, como la secretaria de Agricultura, Célida López (conocida por cambiar de cargo con pasmosa frecuencia), y los secretarios de Salud y Educación, DIF estataly al parecer a todos los funcionarios de todas las depedencias

La estrategia, diseñada para crear una falsa legitimidad, resultó en un fracaso rotundo. En Santiago de Ures, un encuentro con 54 ejidatarios se les esfumó de las manos cuando 40 de ellos abandonaron la sala, dejando plantados a los emisarios del gobierno. Las Vigilantas del Río -formadas principalmente por mujeres y activas día y noche- denuncian que este operativo no busca dialogar, sino «detectar la vulnerabilidad de la población» para ordenar una estrategia de chantaje y coacción.

La respuesta comunitaria fue la dignidad: desde que se organizaron para impedir la entrada de maquinaria hasta la convocatoria a una manifestación de protesta el 11 de octubre en el pueblo mágico de Ures. El aparato estatal ha encontrado una resistencia recia, con siglos de memoria.

Escena III: Rodolfo Castro y la Sombra del Peculado

La opacidad que envuelve el plan hídrico se intensifica con un nombre clave en CONAGUA: Rodolfo Castro Valdez, delegado en Sonora.

Castro Valdez evita los reflectores, pero su historia reciente lo persigue: en Baja California, fue vinculado a proceso en 2022 por peculado y uso indebido de atribuciones, en un caso ligado a un contrato de $12 mil millones de pesos para una planta fotovoltaica (Next Energy). La sombra sobre su gestión, marcada por el manejo discrecional de miles de millones de pesos, plantea una interrogante ética insoslayable: ¿puede un hombre señalado por peculado administrar un plan de $7,500 millones de pesos para las presas de Sonora?

El gobernador Durazo, al colocar a Castro Valdez al frente de este proyecto millonario, envía un mensaje de que las lealtades políticas pesan más que la transparencia. Esto profundiza la desconfianza en una cuenca que ya está marcada por la tragedia de 2014.

Escena IV: La Ilegalidad como Estrategia Política

El operativo montado por el gobierno de Durazo no solo es cuestionable éticamente, sino que está plagado de ilegalidades que vulneran los marcos legales mexicanos, evidenciando que el proceso de «consulta» es una simulación para legitimar una decisión ya tomada:

1.- Peculado (Desvío de Fondos): El uso de vehículos, combustible y tiempo laboral de las secretarías de Salud, Educación y DIF para una campaña de promoción de infraestructura distrae esos recursos de su objeto legal, constituyendo el delito de Peculado (Artículo 223 del Código Penal).

2.- Delito Electoral: La Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona el uso de recursos públicos para «influir en el resultado de una consulta popular o cualquier otro ejercicio de participación ciudadana» (Artículo 11, Fracción III). La coacción ejercida por los funcionarios estatales encaja directamente en esta figura.

3.- Invasión de Competencias Federales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que la única autoridad facultada para organizar una consulta pública ambiental es la SEMARNAT, tras la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). El gobierno estatal, al llevar a cabo una campaña de proselitismo en lugar de una consulta imparcial y técnica, invade competencias federales y contraviene el Artículo 134 Constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines de propaganda.

La clave legal es ineludible: los recursos públicos deben destinarse a la vida (salud, educación), no a la muerte con fines de promoción política y coacción.

Escena V: Necropolítica y el Reciclaje del Riesgo

La superposición de la tragedia de 2014 con el proyecto actual de presas no es casual. Tal como lo analizan los investigadores Pablo A. Escoboza Castillo y Rolando E. Díaz-Caravantes, este patrón encaja en el concepto de Necropolítica, acuñado por Achille Mbembe.

La Necropolítica es el uso del poder para exponer a ciertos grupos de población a condiciones de vida y muerte precarias, mediante la omisión, la inacción o el abandono estatal.

El proyecto de las presas es la continuación de la necropolítica del agua por las siguientes razones:

1.- Omisión (2014): El gobierno pasado omitió la remediación y cerró el fideicomiso a pesar de que los estudios confirman que el 78% de los habitantes tiene plomo en la sangre y la SEMARNAT admite que «no ha habido ninguna remediación ambiental».

2.- Reciclaje del Riesgo (Actualidad): El gobierno actual, en lugar de limpiar el río, propone construir presas que concentrarían los contaminantes y metales pesados aún depositados en el cauce. El embalse se convertiría en una trampa de veneno, multiplicando el riesgo para las comunidades y la propia ciudad de Hermosillo.

3.- Coacción: El Estado distrae el dinero destinado a la vida (salud, educación) para financiar una obra que multiplica el riesgo a la vida, demostrando que la supervivencia de los pobladores del río es un costo secundario ante la voluntad política del Ejecutivo.

Quién Debe Consultar sobre las Presas del Río Sonora

La promesa de que «la comunidad decidirá» sobre el proyecto de presas en el Río Sonora choca directamente con la ley mexicana, transformando la consulta en una potencial simulación. La normativa federal establece con claridad quién debe organizar este proceso y bajo qué principios.

La Autoridad Competente y la Ilegalidad Estatal

La legislación es precisa sobre la responsabilidad de la consulta ambiental:

1.- Competencia Federal Exclusiva: De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la única entidad facultada para organizar una consulta pública ambiental sobre proyectos como las presas de Puerta del Sol es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual debe basarse en la publicación y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

2.- Violación a la Ley: Ni el Gobierno de Sonora ni la Comisión Estatal del Agua (CEA) tienen atribuciones legales para realizar este tipo de consultas. Al hacerlo, invaden competencias federales y contravienen directamente el Artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines de propaganda, lo que podría configurar delitos electorales.

3.- Derechos Colectivos: Si las obras afectan a pueblos originarios, la consulta debe ser previa, libre e informada, coordinada por el INPI (según el Artículo 2° constitucional y el Convenio 169 de la OIT). En el caso de ejidos y comunidades agrarias, la Ley Agraria exige su consentimiento formal en asamblea antes de cualquier afectación.

Principios de una Consulta Legítima

Una consulta auténtica no es proselitismo. Debe garantizar la voluntad popular sin manipulación, cumpliendo rigurosamente cinco principios fundamentales:

1.- Imparcialidad: Debe ser organizada por una autoridad neutral (SEMARNAT), y no por los promotores del proyecto.

2.- Información Completa: La población debe tener acceso previo al documento técnico del proyecto (MIA) y a sus impactos reales.

3.- Libertad de Participación: El proceso debe estar libre de condicionamientos, amenazas o beneficios a cambio de apoyo.

4.- Transparencia: Debe ser convocada públicamente, con plazos definidos y un registro transparente de todas las observaciones.

5.- Respeto a la Gobernanza Comunitaria: El consentimiento debe darse en asamblea formal y registrada en el caso de ejidos y comunidades.

Cualquier desviación de estos principios—como el uso de programas sociales, brigadas gubernamentales, o la falta de acceso a la MIA— contamina el proceso y puede invalidar los resultados.

El Derecho Ciudadano a la Vigilancia

Frente a las irregularidades, la comunidad del Río Sonora tiene el derecho legal a vigilar y denunciar. La LGEEPA (Artículo 159 Bis) permite la conformación de comités ciudadanos u observatorios que pueden documentar anomalías y presentar denuncias ante la SEMARNAT, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La población del río exige que la consulta sea organizada por la autoridad federal competente, con acceso a la información ambiental completa y bajo estrictas condiciones de neutralidad. Porque una consulta sin libertad no es un ejercicio democrático, sino una simulación para legitimar decisiones ya tomadas en favor de una «narrativa única: la de las presas necesarias».

La guerra por el agua ha comenzado. De un lado, el poder político y económico del Estado, con un aparato diseñado para la simulación y el desvío de recursos. Del otro, comunidades que cargan con siglos de memoria y la dignidad de las Vigilantas del Río, quienes saben que lo que está en juego no es solo el caudal, sino la legalidad misma y el derecho a la vida.

Por José Luis Jara

Fotografías de José Luis Jara y ciudadanos del Río Sonora