Hugo MedinaHermosillo, Sonora.-
El 3 de noviembre de 2025, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) anunció en sus redes sociales la “suspensión” de la Feria del Libro Sonora (Felison), programada para apenas cinco días después. Tal interrupción se entiende como un gesto de prudencia ante la tragedia que representó el incendio en la tienda Waldos en el centro de la ciudad, un acto encomiable de solidaridad con las víctimas, en vísperas del evento. Sin embargo, lo que siguió fue una operación semántica digna de Roland Barthes: en los comentarios de esa misma publicación, el ISC se apresuró a realizar una distinción que merece el premio a la casuística más vergonzante: la Felison no se “cancelaba”, solo se “suspendía” (uno imagina a los funcionarios del ISC consultando desesperados el diccionario de la RAE, como los encorbatados de la NASA cuando un rover falla y todos se ponen a trabajar para ponerlo a funcionar de nuevo). Como nuestros queridos ancestros que pintaban bisontes en las cuevas, los burócratas del ISC confiaban en que el verbo fuera capaz de conjurar la realidad.
Pero en esa elección léxica, aparentemente inocua, se cifra toda una política del diferimiento. Suspender no es cancelar; es prometer sin comprometerse, aplazar sin fecha, mantener la ilusión de continuidad mientras se practica la desaparición mediante el olvido. Lo que hubo después fue silencio. El mutismo no es la ausencia del discurso, sino una de sus formas más eficaces (y atroces): aquello que no se dice delimita lo que puede decirse.
Cinco meses más tarde de aquella “suspensión” que prometía ser breve, la inacción del ISC es significativa. A estas alturas no existe ningún comunicado ni mucho menos algún programa para resarcir lo que se dejó de hacer (tampoco qué se hizo con el recurso que ya estaba destinado para la realización de la Felison 2025). Solo el vacío que, como bien nos enseñó Foucault, es la forma más pura que adopta el poder cuando ha decidido que no necesita justificarse.
Pero el asunto adquiere dimensiones verdaderamente preocupantes cuando la otra cara de esta política de la disipación se manifestó en el Concurso del Libro Sonorense (CLS) 2025, donde la categoría de Ensayo fue declarada desierta.
El ensayo, ese género incómodo, indisciplinado, propenso a la herejía intelectual, siempre bajo sospecha de los que odian el dialogismo, que no se conforma con las versiones oficiales, fue simbólicamente desalojado del campo cultural público. Declararlo “desierto” no solo es un simple juicio estético: es una forma de articular en el discurso de la política cultural que no hay pensamiento crítico digno de ser reconocido o, peor aún, que no interesa reconocerlo. El poder no necesita decretar explícitamente la prohibición; le basta con desalentar, con invisibilizar, con declarar que lo incómodo simplemente no cumple con estándares o no se ajusta a cierta manera de entender la realidad.
La justificación institucional (que el monto sería destinado a “fomentar el subgénero ensayo mediante actividades y programas de desarrollo literario”, anunciada en su boletín informativo del 7 de noviembre de 2025), añade una capa adicional de ironía. A seis meses de esa declaración, no existe evidencia de que tales actividades se hayan efectuado y no hay garantías de que se vayan a cumplir en los meses restantes del año. Tanto lo sucedido con el género de ensayo en el certamen anual como la Felison fueron víctimas de una indiferencia administrativa que parece haber puesto en la mano de los funcionarios del ISC (no de todos, me consta, como las y los encargados del Pecda Sonora que siempre han sido muy eficientes) la fórmula para evitar cumplir sus compromisos adquiridos, y, al mismo tiempo, invisibilizar aún más a quienes escribimos. Parecen conformarse con ejecutar un esquema sobrio (sin dejar de ser inquietante): al ensayo se le niega su valor y luego se simula su rescate; en el caso de la Felison, se promete reanudarla, recomponerla, pero apuestan a que nadie se acuerde, desvalorizándola.
(Ni qué decir de que se postergan las premiaciones del Concurso del Libro Sonorense cuatro meses después del anuncio de las y los ganadores. En efecto: parece que el ISC se fue de sabático, cariño).
Bajo la dirección de Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, el ISC ha optado por una política cultural que parece desconfiar de las y los propios creadores(as) que dice representar. La modificación de las bases del Concurso del Libro Sonorense (que no se habían modificado desde los años noventa), referente a la posibilidad de permitir la participación en múltiples géneros, se constriñó a la restrictiva norma de un solo género por participante, como un eco tardío y autoritario de las viejas y duras disciplinas sociales impuestas por el Estado. Ello implica de forma efectiva desincentivar la versatilidad literaria. Se trata de una concepción artificiosa de la administración cultural que es hostil al quehacer connatural de las y los escritores(as).
Barthes escribió sobre el mito como habla despojada de historia. El ISC ha construido su propio mito: el de la institución que trabaja incansablemente por la cultura mientras, en los hechos, se dedica a cancelar ferias, declarar desiertos géneros literarios (con el consiguiente vacío dejado al darse el lujo la institución cultural de no publicar un libro de ensayo) y desaparecer las pocas oportunidades que las y los escritores(as) tenían para encontrarse con sus lectores y viceversa.
Aparejada a esta maniobra, la ausencia de consultas, de diálogo con la comunidad literaria, de espacios de deliberación, no es casual: el poder cultural, cuando se ejerce sin contrapesos, se inclina a una tentadora unilateralidad. Escuchar implica ceder en algunos ámbitos, de otra manera el diálogo es un despropósito, una simulación descarada. El resultado ilustra una paradoja grotesca: una institución creada para fomentar la cultura que termina administrando su escasez, un organismo que debería amplificar voces pero que, en la práctica, las limita; una política cultural que, en lugar de expandir el campo literario, lo contrae hasta hacerlo anecdótico y marginal.
No nos dilatemos con más eufemismos. La cancelación de espacios culturales, la reducción de oportunidades de participación, la invisibilización sistemática de autores y autoras, junto a las obras que han creado, constituyen una violación de derechos culturales que son, a su vez, derechos humanos. El acceso a la cultura no es un lujo para momentos de bonanza, es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar. A manera de recordatorio, va lo siguiente:
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en su artículo 11 que todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:
I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia;
[…]
V. Participar de manera activa y creativa en la cultura.
La Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora, en el artículo 2 habla de que “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. El artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se establecen las situaciones que se consideran como discriminatorias; en las fracciones XXIV y XXXIII se encuadra la restricción presente en las redacciones de las convocatorias del CLS 2023, de 2024 y de 2025, puesto que se considera discriminación:
XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;
[…]
XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas […]
Epílogo
Así, descartar un género literario, cancelar una feria del libro, prohibir la participación en otros géneros literarios en un concurso literario organizado con dinero del erario público, envían señales claras de desinterés y deriva en la omisión de los mandatos de ley que la institución cultural y el Estado están obligados a cumplir, incurriendo incluso en la discriminación, colocando a quienes nos dedicamos a la literatura bajo “un impacto desventajoso” en el ejercicio de nuestros derechos culturales.
A pesar de todo esto, fuera de ese perímetro institucional, la literatura sigue ocurriendo. Las y los escritores(as) siguen en su labor, publicando, haciendo talleres, incluso en ausencia del aparato cultural del gobierno. Esto no es una victoria del sistema, sino su refutación más contundente. El problema es que esa independencia no exime al Estado de su responsabilidad. Los derechos culturales no son una concesión graciosa ni un premio de consolación. La cancelación de ferias disfrazadas de “suspensiones”, la declaración de certámenes literarios desiertos, las promesas de reasignación de recursos y de programas para “rescatar” la práctica del ensayo en la entidad que no se retoman ponen en entredicho la lógica que legitima la existencia de la institución.
Quizá el próximo relevo administrativo, el año entrante, traiga consigo algo más que un cambio de nombres. Mientras tanto, el diagnóstico es claro: el Instituto Sonorense de Cultura no está de sabático: está en crisis. Y lo más preocupante no es la decadencia en sí de esa institución, sino la pasmosa normalidad con la que se la administra. Es increíble como el ISC ha logrado convertir la promoción de la cultura en una forma sofisticada, en su torpeza, de negligencia.
