Jesus IbarraHermosillo, Sonora.-
El gobierno de Alfonso Durazo Montaño cuenta con el diseño conceptual de un entramado de vigilancia estatal que se despliega desde tres frentes: tecnologías intrusivas sin control judicial, censura institucional disfrazada en las dependencias de gobierno y un proyecto de ley para “proteger” periodistas que depende directamente del Ejecutivo. Todo está documentado, todo está en papeles oficiales confirmados por Crónica Sonora.
Centro de Espionaje
En el documento electrónico “Proyectos Insignia 2025 por Secretaría: Legado del Gobernador Alfonso Durazo” aparece la propuesta de instalar un Centro de Inteligencia en Sonora, equipado con sistemas de análisis de redes sociales (OSINT), interceptores móviles (IMSI Catchers), extracción forense digital de dispositivos, software de rastreo vehicular y video inteligencia automatizada. La propuesta se integraría al C5-i, bajo la Secretaría de Seguridad Estatal, aunque no establece una línea de tiempo ni tampoco presupuesto para su implementación este año o el siguiente.
El documento fue publicado en enero de este año en el sitio https://ejecutivo.sonora.gob.mx/archivos, un directorio donde diversas dependencias publican oficios, memorandos, comunicados, bases de datos, programas analíticos de resultados, reportes administrativos, relatorías de reuniones, agendas de giras, entre otros. Al momento de enviar a imprenta esta edición dicho directorio no estaba disponible.
La asociación civil R3D afirma con evidencia técnica y documental que en México existe un sistema de vigilancia estatal con herramientas altamente intrusivas (malware, monitoreo de comunicación, acceso remoto a dispositivos) —usado principalmente por agencias federales y fuerzas armadas— que ha afectado a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y ciudadanos comunes. R3D advierte que este espionaje es ilegal en muchos casos porque las autoridades no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial y exige regulación, transparencia y sanciones.
Ciertamente, no existe como tal un marco legal en Sonora que pudiera regular este aparato de vigilancia tecnológica masiva. Tampoco hay una propuesta desde el Congreso, no hay salvaguardias judiciales ni contrapesos externos. Un sistema de estas características está diseñado para operar tanto en la web superficial como en la dark web sobre usuarios considerados “de interés” o prioritarios para el gobierno estatal.
Si este Centro de Inteligencia termina instalado en los próximos meses marcaría un legado de corte distópico para un mandatario que ha entregado resultados agridulces en sus principales proyectos de infraestructura y para muestra un botón: el Plan Sonora que no logró aterrizar inversiones significativas dentro del ramo de energías limpias, la planta de gas Saguaro Energy en Puerto Libertad, cuya inversión ha sido postergada para 2030, la reubicación de vías de tren en Nogales, obra federal que sufrió un freno presupuestal en 2025 y está detenida desde junio, la remodelación del Puerto de Guaymas que no termina, entre otras.
Más presupuesto para tecnología
Crónica Sonora revisó los documentos del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026: no se menciona explícitamente el acrónimo C-5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad) como una unidad o proyecto de inversión con una asignación específica. Sin embargo, el presupuesto sí contempla la asignación de recursos considerables a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la modernización de la infraestructura y el equipamiento relacionado directamente con las funciones de comunicación y seguridad tecnológica.
Entre las prioridades tecnológicas y de comunicación en seguridad está la modernización de la red de comunicación, a la cual se le asignarán recursos destinados a fortalecer la seguridad pública, lo cual es esencial para el funcionamiento de centros de mando y control como el C-5i. La Secretaría de Seguridad también recibirá fondos para la adquisición y mantenimiento de equipamiento y vehículos.
Esto se refleja en la clasificación del gasto:
La SSP concentra el 66.18% de los recursos proyectados en el Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) con asignaciones por $500.2 millones de pesos (MDP).
Asimismo, concentra el 84.97% de los recursos del Capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles), lo que incluye maquinaria y equipo necesarios para la operación tecnológica y de seguridad.
Censura por oficios
A la par de esta intención, Crónica Sonora confirmó que desde el pasado 12 de agosto de 2025, la Dirección General del Instituto Sonorense de Cultura emitió el oficio titulado “Agenda de riesgos”. El documento instruye a coordinadores y responsables de sedes culturales a reportar protestas, manifestaciones, contenidos “controvertidos” o “sensibles”, así como eventos que “puedan afectar la seguridad”.
La información debía canalizarse al Departamento de Información Estratégica, lo que deja entrever una articulación directa entre dependencias del gobierno estatal con el aparato cultural convertido tanto en experimento de control de daños como brazo de censura preventiva, sobre todo en las redes sociales cuando surge un incidente vinculado a corrupción, o que en la ecuación de este mecanismo pueda provocar daño reputacional.
Crónica Sonora contactó en dos ocasiones a Paloma María Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación, a través de sus teléfonos celulares que comparte con la prensa, para obtener un posicionamiento de su parte sobre los riesgos que estas medidas representan en detrimento de libertades civiles como la privacidad digital y la libertad de expresión, pero el intento fue infructuoso, la funcionaria simplemente decidió no contestar.
Mecanismo de Protección a Periodistas
En septiembre pasado, el diputado René García del PT (aliado de Morena) presentó una iniciativa para crear un Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Su discurso habla de prevención y reacción ante agresiones, pero el diseño institucional muestra otra cosa: el mecanismo depende del Ejecutivo estatal, no contempla autonomía ni blindaje frente a tecnologías intrusivas y carece de participación ciudadana o auditoría independiente.
¿El mismo gobierno que instala IMSI Catchers y rastrea redes sociales pretende “proteger” a los periodistas?
Organizaciones como Iniciativa Sinaloa —que participa cada vez más en Sonora, capacitando periodistas y personas defensoras de derechos humanos en materia de seguridad jurídica y digital, así como estableciendo un diálogo con legisladores locales del PT, PRI, PAN y MC—, ha avanzado en la redacción de un proyecto de ley para proteger a estas figuras y priorizar la protección de la libertad de expresión ante amenazas físicas y digitales. Sin embargo, el último contacto presencial en el Congreso se realizó en noviembre de 2024. En contraste con la propuesta presentada por el diputado García, la de Iniciativa Sinaloa sí contempla autonomía del mecanismo de protección a periodistas, así como la creación de un organismo especializado que no le rinda cuentas al Ejecutivo.
Epílogo
De avanzar en 2026 con estos proyectos el Gobierno de Sonora estaría construyendo un sistema de inteligencia estatal sin controles, sin transparencia y sin respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Se vigilaría a usuarios con tecnología invasiva, seguiría la censura a personal vinculado al arte y la cultura y se simularía la protección a periodistas en caso de prosperar esta iniciativa de ley propuesta por el diputado García, que carece al momento de los mecanismos de parlamento abierto y socialización entre pares.
Todo parece estar articulado desde Palacio, pero la seguridad no puede ser excusa para vulnerar libertades.
La sola existencia de estas intenciones representa una triada que implica una grave regresión democrática, lo cual erosionará aún más la libertad de expresión, el derecho humano a saber y el pensamiento crítico de cara al cierre del gobierno de Durazo Montaño, dejando un legado digno de una novela de George Orwell.
Tabla comparativa: tres frentes de control
| Elemento | Proyecto Centro de Inteligencia (Gobierno) | Oficio ISC (Cultura) | Ley de Protección (Congreso) |
| Tecnología utilizada | OSINT, IMSI Catchers, video inteligencia, forense | Reporte interno a Información Estratégica | No contempla blindaje frente a vigilancia |
| Ámbito de aplicación | Seguridad pública, delitos, conductas antisociales | Cultura, eventos públicos, expresiones artísticas | Periodismo y defensa de derechos humanos |
| Riesgo para derechos | Alto: vigilancia masiva sin marco legal | Alto: censura preventiva institucionalizada | Alto: simulación de protección sin autonomía |
| Articulación institucional | Secretaría de Seguridad, sin contrapesos visibles | ISC, Secretaría de Gobierno | Congreso, pero bajo control del Ejecutivo |
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CRÓNICA SONORA_Edición 18_ INVIERNO 2025-2026_digital
