Eduardo Parra CalvarioRecientemente un profesor del Departamento de Física de la Universidad de Sonora realizó una protesta a manera de huelga de hambre. La exigencia consistía en que se le reconociera el nivel laboral que le correspondía junto con otras demandas derivado de ello. Afortunadamente logró la atención de los medios de comunicación con lo cual se produjo cierta presión hacia las autoridades universitarias y, a su vez, favoreció para que se diera un desenlace positivo.
Más allá de la especificidad del caso, la situación del profesor es reflejo fiel de un proceso de precarización laboral que en las últimas décadas se ha agudizado pues el mercado de trabajo no logra absorber a los miles de egresados de licenciatura, maestría y doctorado que existen en nuestro país. En consecuencia, los empleos tanto en escuelas públicas como privadas se precarizan pues suelen ser puestos mal pagados, temporales y con condiciones de trabajo complicadas pues no existen espacios laborales dignos, y en muchos casos, no cuentan con derechos laborales básicos como vacaciones y/o aguinaldos por el carácter temporal del puesto.
En el caso de las universidades públicas, el ingreso y permanencia en el puesto docente es mucho más complicado pues se conjuga una serie de factores. En primer lugar, y tomando como referencia a la Universidad de Sonora, los puestos académicos suelen estructurarse en una pirámide laboral, en la cual los profesores llamados de asignatura por tiempo determinado suelen figurar en la parte más baja del escalafón. De estos, quienes tiene mayor oportunidad de permanencia, por lo menos de manera formal, son los que ingresaron por medio de un concurso curricular en un área de trabajo académico, y están sujetos a disponibilidad de materias quienes lo hicieron por contratación directa. Claro está que ambos casos y su programación, incluyendo aquellos profesores de asignatura indeterminados, están regulados por el reglamento interno y el contrato colectivo de trabajo, no obstante, siempre hay una franja de oportunidad para que se gesten prácticas perniciosas.
En segundo lugar, y en relación a lo anterior, la estructura burocrática administrativa suele jugar a favor de la precarización de los docentes de medio tiempo, o llamados de asignatura, situación distinta para aquellos que alcanzan la categoría de tiempo completo. Los sistemas de reconocimiento, promoción e incentivos laborales se tropiezan con los intereses de grupo o por ineficiencias administrativas, como en el caso del profesor del Departamento de Física pues no se le reconocía el nivel que le correspondía. Un tercer factor que es la misma práctica docente que paradójicamente los debilita como grupo, de este modo se gestan prácticas poco solidarias, excluyentes, sectarias, y sobre todo, se muestra de manera más cruda una práctica generalizada en el mundo de la investigación y la docencia, es decir, se manifiesta una competencia velada por lograr una carga académica, y la tan anhelada definitividad y tiempo completo. Por último, un cuarto factor respecto a mejorar o empeorar las condiciones de trabajo lo presenta el gremio sindical que, más allá de las propias criticas que se le puedan hacer, es un catalizador y medio de exigencia y presión para demandar mejores condiciones.
Estos factores y sus combinaciones no son para nada uniformes, ni mucho menos significa una generalización grosera de lo que pasa en las universidades del país. Es solo un acercamiento y supone delinear algunas pistas para el mejoramiento. Uno, se trata de condiciones estructurales como el mercado de trabajo y el modelo educativo extractivista y masificador. Dos, estamos frente a prácticas institucionalizadas que enfatiza el individualismo académico con incentivos perniciosos. Tres, las políticas educativas requieren mayor inversión pública para abrir nuevos espacios. Cuatro, es necesario mecanismos de transparencia efectiva sobre las contrataciones, promociones y asignación de carga académica. Y, por último, se necesita un replanteamiento ético profesional y organizacional que privilegié la honestidad en detrimento de las triquiñuelas institucionalizadas.
