Hermosillo, Sonora.-
Ya pasaron poco más de 15 días del incendio en la tienda Waldos ocurrido el 1 de noviembre en la ciudad de Hermosillo. El mismo día asesinaron a un presidente municipal de Michoacán que robó los reflectores de la agenda mediática nacional, incluso, este hecho junto con el descontento de un sector de nuestra sociedad produjo el pasado 15 de noviembre una movilización nacional. Es entendible la atención mediática y social hacia este hecho por el contexto de inseguridad tan grave que vive México. Sin embargo, no conviene bajar la guardia para que no se olvide este fatal hecho que conmovió los corazones de los/as sonorenses/as. Es innegable que las culpas y las responsabilidades están repartidas, en primer momento, directamente a las autoridades, empezando por el gobierno municipal y el gobierno estatal. Cada una de esas instancias cuenta con un organismo que se supone vigila, supervisa, autoriza los planes de protección civil y gestión integral del riesgo. Pero las versiones emanados de la misma autoridad estatal señalan una fatal falla, el establecimiento no contaba con un plan de protección civil aprobado, y entonces viene la pregunta ¿cómo es que siguió operando?
La corrupción podemos decir que es estructural, está inserta en la médula espinal de la estructura burocrática gubernamental. Lejos quedó la frase de expresidente Andrés Manuel López Obrador de qué se acabaría la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Además, tampoco contamos con una ciudadanía activa propositiva, vigorosa, reivindicativa, crítica. La pasividad, el espasmo, la inactividad es una característica de nuestra ciudadanía.
En lo particular no contamos con una cultura de protección Civil, en especial de gestión integral del riesgo. Los organismos encargados para ellos hacen lo que pueden en medio de las burocracias pasmosas y con prácticas corruptas que todavía funcionan del antiguo régimen; para el caso de las organizaciones civiles, llevan a cabo programas, planes, propuestas, capacitaciones sobre la gestión integral del riesgo. El Movimiento 5 de junio y Manos Unidas han luchado por varios años para impulsar los programas de protección civil, por medio de la ley 5 de junio y otras acciones similares. Tristemente la confluencia del desdén gubernamental junto con la corrupción y, sobre todo, el afán de lucro en detrimento de la seguridad de las personas desemboca en un escenario poco halagüeño ¿Qué hace falta para romper las inercias?
Evidentemente, no hay fórmulas mágicas, pero algunos elementos a considerar para una política pública son:
fortalecer la comunicación del riesgo, porque hasta hoy ha sido poca su efectividad en la transmisión del mensaje de prevención; una política pública que conste de un órgano colegiado que coordine los tres niveles de gobierno de manera horizontal; mayor presupuesto para supervisión en los distintos espacios públicos y privados; y protocolos de atención especialmente respecto a los daños en la salud incorporando unidades de atención especializada para quemaduras graves. Es fundamental, además, reconocer que existe un proceso sociocultural que minimiza, invisibiliza, los peligros y los riesgos, y que las condiciones de vulnerabilidad social agravan la situación. Para no olvidar Waldos, es necesario percibir el riesgo latente y conocer los daños presentes, y de esta forma, fortalecer la memoria de lo ocurrido para actuar de manera colectiva.
Por Lalo Parra-Calvario
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