Cuitláhuac GalavizSaludamos el regreso de Cuitláhuac Galaviz a Crónica Sonora 🙂
Ciudad de México.-
La política en Sonora, como en muchos otros lugares, se juega también en el terreno de la protesta social. Sin embargo, no todas las protestas son iguales, ni en sus motivaciones ni en sus resultados. En las últimas semanas, se han registrado al menos dos casos que ayudan a pensar en dichas diferencias: por un lado, un grupo de colonos de clase media y media alta que logró detener, en cuestión de días, un proyecto de construcción de vivienda popular cerca de sus fraccionamientos; por otro, comunidades rurales y colectivos ambientalistas que rechazan la construcción de presas en el río Sonora, los cuales siguen en lucha sin que el gobierno del estado dé señales de abandonar la iniciativa.
El contraste es evidente y, aunque no se reduce únicamente a la cuestión de clase, creo que sí se trata de una clave central para comprender los rumbos distintos de cada caso. La capacidad de influencia no depende sólo de la legitimidad de los argumentos o de la relevancia de los problemas planteados. También está marcada por quién protesta. Las clases medias urbanas están en el centro de los espacios de mayor visibilidad pública. Los sectores rurales y populares, en cambio, cuentan con una cobertura más limitada de las instituciones estatales, lo que genera respuestas diferentes frente a sus demandas.
Un análisis de los argumentos utilizados es una buena forma de ilustrar mi punto. Las clases medias urbanas señalaron, entre otras cosas, que el proyecto traería aumento del tráfico vehicular, incremento de basura y saturación de servicios. Con ciertos matices, me parecen preocupaciones razonables. No obstante, otro de los argumentos más repetidos tiene sus inconvenientes: se mencionó que aumentaría la inseguridad por la llegada de nuevos habitantes con recursos limitados, temiendo más delitos o disturbios en el área.
Incluso, se expresaron comentarios aún más clasistas.
Proyecto Puente transmitió una parte de la asamblea vecinal realizada el 19 de agosto. Ahí, una persona que se presentó como “abogado” se mostró preocupado por “una pérdida de valor de plusvalía de nuestras propiedades. En mi caso, yo estoy bien preocupado porque rento propiedades en Altozano y Real de Sevilla y me va a pegar en el factor económico, en el sentido de que mis casas a lo mejor me las dejan de rentar o dejan de costar lo mismo”.
También expresó que “la cuestión aquí va a ser [que el proyecto] va a estar enfocado a personas de alta marginación. Sin menospreciar, sin ser despectivo, racista o clasista, sin duda alguna esas personas que vayan a radicar en esas casas van a afectar los índices tanto de basura como de imagen. La poca imagen bonita que tenemos va a dejar de existir”. En ese momento es interrumpido por una voz femenina que asegura “no vamos a poder caminar”. Él asiente y señala “difícilmente se va a poder hacer actividad física aquí [en el Estadio Fernando Valenzuela]”.
Mucho que comentar, pero me quedo con la asociación tajante entre sectores populares y aumento de basura, calidad de “imagen” y seguridad. Tratemos de pensarlo en términos de igualdad (uno de los principales problemas de la actualidad; yo creo que el principal, pero no es momento para extenderme en ello): se trata de una persona con varias casas que teme que pierdan valor porque se construirán viviendas para quienes no tienen hogar propio.
Por su parte, las y los opositores a las presas tienen argumentos que me parecen más sólidos.
Sostienen, por ejemplo, que el proceso carece de transparencia y socialización suficiente de información. En una manifestación reciente que incluyó la clausura simbólica del Palacio de Gobierno, una persona declaró: “Nos han agendado reuniones que no se han cumplido. Llevamos dos meses esperando una audiencia que nos prometieron en 30 días”.
En la nota citada anteriormente, se rescatan propuestas alternativas a la construcción de presas: “hay otras soluciones: la recarga de acuíferos, eficientar el organismo operador y el tratamiento de aguas residuales”. El planteamiento de fondo es que las presas no resolverán la crisis hídrica estructural del estado y que, incluso, podrían agravarla en la medida en que priorizan el abasto a Hermosillo sin garantías para las comunidades ribereñas: “Las comunidades ya están muy inquietas. Muchas no tienen agua ni para consumo humano, y lo que llega a la ciudad proviene de pozos que pertenecen precisamente a esas comunidades”.
Me parece que la diferencia en la solidez de la argumentación es sustancial, como también lo son —hasta el momento— los logros obtenidos en cada protesta. Por supuesto, no se trata de una ecuación mecánica donde la clase lo explica todo. El tema del agua en Sonora tiene dimensiones mucho más profundas: es el principal desafío ambiental y social del estado a largo plazo. Cualquier proyecto al respecto despierta una tensión mayor que la que puede generar la construcción de un conjunto habitacional.
El tema de las presas no sólo involucra a comunidades locales, sino también a empresarios agrícolas, autoridades estatales y federales e, incluso, inversionistas privados. En ese sentido, la resistencia contra las presas enfrenta adversarios más poderosos y con mayor capacidad de decisión, lo cual nos regresa al tema de clase. La intersección entre clase social y poder económico-estatal suele marcar diferencias en las respuestas gubernamentales frente a la movilización social.
El contraste entre estos casos refleja una dinámica de desigualdad en la arena política, donde no todas las voces tienen el mismo peso. En última instancia, los conflictos recientes en Sonora muestran que la clase social sigue siendo un eje fundamental para entender las asimetrías de poder en las dinámicas de protesta social. Así, los resultados pasan por la posición estructural de las y los protagonistas y su relación con redes de poder. Esa desigualdad nos dice mucho sobre el tipo de sociedades en las que vivimos.
Por Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda
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