Patricia VegaEn ocasion del 14 aniversario de la tragedia del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en la que fallecieron 49 pequeños, Patricia Vega ofrece un análisis que la enlaza con otra, la de los 40 migrantes asfixiados en Ciudad Juárez en marzo pasado…
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Hermosillo, Sonora.-
Bien es sabido que el origen de las grandes tragedias no son los eventos en sí sino la falta de valores de quienes están involucrados en el desarrollo y manejo de éstos. Por ejemplo, tal como los mexicanos hemos atestiguado, la mala calidad de las construcciones fue la causa de cientos de muertes en tragedias como el sismo de 1985, pero también de decenas de pérdidas humanas en momentos como el derrumbe de la estructura del metro en el caso de la línea doce de la ciudad de México en mayo de 2021.
Y aunque las acciones ilícitas que se esconden tras los episodios descritos no son tema de ideologías políticas (se han sucitado bajo gobiernos de distintos partidos) la solución que pretendió otorgar López Obrador ondeando la bandera de MORENA a los descalabros que este mal ha traído a la sociedad nacional tampoco ha sido suficiente. Ni la Cartilla Moral ni la guía ética promovida por el presidente evitaron la muerte del grupo de inmigrantes que se encontraban en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez el reciente marzo, lo mismo que en el pasado tampoco la preocupación de Calderón (que tanto fue cuestionada por López Obrador) por la seguridad de los mexicanos, y únicamente enfocada en la campaña contra el narco, pudo evitar la inoperancia y corrupción que dio lugar a la muerte de un grupo de infantes en la Guardería ABC, aquí en Hermosillo.
La acción criminal de los agentes del gobierno, al actuar en omisión o violación de los derechos de los individuos en ambas tragedias: los niños de la guardería y los migrantes de la estación, ha sido la base sobre la cual personalidades de la escena política del país han denominado a estos eventos como «Crímenes de Estado». Y es que es innegable que atentan contra bienes jurídicos fundamentales: la vida, la integridad y la libertad, entre otros, protegidos no solo por la Constitución mexicana sino también por tratados internacionales. Esto último hace que en este momento, y pese a que fuimos de los más interesados en los cambios en materia migratoria que surgieron en Marrakesh, el país sea nuevamente propuesto a nivel mundial como un lugar donde no sólo impera la corrupción y la arbitrariedad en el ejercicio de la ley, sino sobre todo, en el que la violación de los derechos humanos es una hecho ampliamente evidenciable.
Los migrantes, así como los niños lo fueron en su momento, son sujetos vulnerables por muchas razones. En primer lugar se encuentra su anonimato. El desconocimiento y falta de estadísticas sobre el ingreso y tránsito de los individuos en el país hace complicado su rastreo y control. Este hecho se ha visto agudizado por las políticas gubernamentales que, aunque a la letra los protegen, no hacen sino discriminarlos y, siguiendo la tendencia de las acciones de Estados Unidos después de 2001, llegan incluso a criminalizarlos. Los centroamericanos que se aventuran a cruzar el país deben desenvolverse en la clandestinidad porque enfrentan a un estado, como el mexicano, más preocupado por la seguridad nacional que por la seguridad de los seres humanos.
Por otra parte, la falta de politización de los individuos, la ausencia de un poder que los represente, ha coadyuvado a que la Guardia Nacional y el crimen organizado coloque a los migrantes entre la espada y la pared. Como es sabido, las estrategias contra la delincuencia organizada desplazaron hacia terrenos distintos al narcotráfico la acción criminal, haciendo del tráfico de personas hacia Estados Unidos una industria. Los migrantes pueden ser sujetos de secuestro, del pago de cuotas que les permitan atravesar territorios y de convertirse en carne de cañón de los contingentes de los grupos delictivos a nivel regional. Las autoridades, por su parte, a través de sus fuerzas de seguridad los han hecho víctimas de malos tratos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos, como lo ponen en evidencia las quejas contra los organismos policiales. Eso sin contar que los cuerpos de seguridad han contribuido a la desarticulación de las estrategias de protección y auxilio colectivo puestas en marcha por esta población, es decir, al viaje en comunidad como lo representan las caravanas.
En el caso de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, las encargadas de la estación, las violaciones a los derechos empezaban desde la retención, que para algunos no es más que un alojamiento que enmascara la privación injustificada de la libertad. Y no se diga de los estragos al derecho a la salud, a la atención consular, al debido proceso, entre muchos otros que desde 2019 y antes de esa fecha, fueron puestos de manifiesto por los organismos de derechos humanos en relación a la situación que presentaban este tipo de recintos.
Pero si la violación a la ley, como lo ilustra el caso de los migrantes, fue responsable de la tragedia, su incumplimiento también ha sido, como lo pone de manifiesto el caso de la Guardería ABC, origen de los más lamentables sucesos que se han conocido en la historia nacional. De acuerdo con la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el desorden generalizado en el sistema de subrogación de guarderías, sumado a la falta de cumplimiento con la normatividad en materia de protección, propició el desarrollo del evento. En esencia, la corrupción es la constante en la acción u omisión de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas que se encuentran en territorio nacional.
Y la Cartilla Moral de López Obrador y la regeneración de valores éticos para la transformación de la sociedad de poco beneficio ha resultado porque, entre muchas otras cosas, el cambio no viene de fuera, esto es, de la aplicación de valores externos aplicados a la construcción de grandes obras. Más bien, este debe ser resultado de la reflexión y conciencia que orienta a los mexicanos en acciones cotidianas, diarias, para decidir lo que es o debe ser mejor para el prójimo, ya sea un migrante anónimo o un niño carente de voz para reclamar sus derechos.
Pero parece que para el gobierno actual, como para los anteriores, la moral y los valores aplican sólo si las personas son importantes por poseer un valor que contribuya a engrandecer el capital político de su partido o a escalar posiciones a las candidaturas en el marketing electoral.
Ilustraciones realizadas ex profeso para CRÓNICA SONORA, by JJC
