Erika Martínez ZapataQuito, Ecuador.-
Martes, segundo martes del año 2024, la rutina de vida de los y las ecuatorianas se desarrolló con normalidad. Con la normalidad que la indiferencia nos permite.
Hace cuatro años conocemos que en Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Quito, ciudades que son destinos turísticos existen poblaciones racializadas, marginadas, abandonadas por el gobierno que son la mano de obra de organizaciones narcodelictivas.
Es común que las élites ecuatorianas a través de su academia, sus noticieros, sus columnistas y sus artistas nos reiteren que el pobre es pobre porque quiere. Que los niños sin escuela, sin familia, con hambre y con las secuelas de todas las violencias en sus cuerpos se junten entre tres o cuatro y formen emprendimientos que les saquen de sus barrios violentos; de sus vidas violentas. Que sólo es cuestión de querer vivir en paz.
Vivimos sin ver o sin querer ver
Vivimos sin ver o sin querer ver que somos una sociedad violenta. Que normalizamos la impunidad cuando el saqueo, el tráfico de influencias, los feminicidios, las violaciones las cometen quienes nos gobiernan. Naturalizamos creer que los ricos no matan, no trafican, que “los empresarios no roban”, que los periodistas de trayectoria y renombre no mienten y no construyen discursos de odio.
Esas bajezas nada cristianas solo las cometen los pobres de los barrios a los que nunca regresamos a ver porque nos merecemos el azul del cielo que vendemos en los folletos gubernamentales. Que los resentidos se quejan por todo y envidian al que trabaja. Que el estado pequeño es lo ideal.
Después de la segunda masacre carcelaria en el 2021, la clase media estudiada y con privilegios repitió que era bueno que los delincuentes se maten entre ellos. En el 2020, en el contexto de la movilización indígena y social que exigía menos neoliberalismo, cuando la policía asfixió con gas lacrimógeno el albergue de niños y niñas indígenas, les aplaudieron. Les declararon héroes.
En el 2019, en medio de las movilizaciones indígenas y sociales que exigían menos neoliberalismo, a la ministra de gobierno que reprimió con brutalidad a población civil desarmada, el y la ecuatoriana que come tres veces al día, que se cura en hospitales privados y veranea en Miami, le nombró heroína.
Estaban convencidos que el estado chiquito, ausente de la vida de las mayorías era vivir en paz. No se imaginaron que ante la ausencia del estado, más y mayor presencia de los cárteles de la droga. No sabían o no quisieron saber que cuando la policía dice que se incauta droga de alguna de las rutas y el gobierno le declara la guerra a la violencia narco, quienes pagan esa guerra somos todos.
nos estalló en la cara
No les interesó entender por qué las instancias legales nunca investigaron los nexos de los distintos gobiernos con cárteles internaciones y sus facciones nacionales. “Eso es sismar nuestra frágil democracia”. “Eso no es hacer patria”. Lamentablemente, nuestra patria, nuestra burbuja de la patria perfecta nos estalló en la cara.
El primero de enero de este año, los medios reportaron 50 muertes violentas. La segunda semana de este enero, los titulares informaron la captura del líder de un grupo de delincuencia organizada que atentaría contra la vida de la Fiscal General de la nación. Tres días después se fugó de la cárcel.
El lunes 8 de enero nos despertamos con la noticia de la desaparición del líder de otro de los grupos de delincuencia organizada. Evadió los anillos de seguridad de policías y militares. Ellos son quienes que limitan el acceso de armas, drogas, celulares a las prisiones.
El mismo 8 de enero, en horas de la tarde, el presidente elegido para un año y seis meses de gobierno (el otro no pudo terminar su mandato de cuatro años por corrupto. Declaró un patrimonio de 200 usd al iniciar su gestión, donó su salario a la caridad. Después de 900 días de gobierno, tenía un patrimonio de 21 millones de usd) decretó el estado de excepción número 11 para frenar las amenazas de los grupos de delincuencia organizada. Los 10 anteriores tuvieron el mismo objetivo. No sirvieron de nada.
A las 23:00 del lunes y como respuesta al estado de excepción, en 22 de las 24 provincias que forman el Ecuador estallaron artefactos explosivos, se incendiaron vehículos, se tomaron de rehenes a policías y guías penitenciarios. Los grupos de delincuencia organizada nos declararon la guerra.
El martes 9 de enero con el decreto presidencial 111, el gobierno “declaró a las organizaciones narco delictivas como terroristas”. Bajo el Convenio de Ginebra les garantizó el derecho a su vida y su dignidad. Son combatientes de guerra. Ya no son narcodelincuentes.
El martes nos estalló la burbuja de la paz. Nos llenaron de miedo. Nos borraron la memoria. Nos llamaron a la unidad para defendernos de la narcoviolencia. Estamos unidos, pedimos mano dura para vivir en paz. Nos pidieron que arrimemos el hombro y entendamos el trabajo de la policía y la milicia.
Vitoreamos la decisión del presidente y sus aparatos de represión. Nunca más nos atreveremos a cuestionarles sus excesos sobre cuerpos empobrecidos, racializados, marginalizados. Sus nexos con las 23 bandas que operan en el país son cosa del pasado.
Les agradeceremos por salvarnos de la narcoviolencia. Si alguien nos cuenta que también en este gobierno se robaron los fondos públicos, no alzaremos la voz. Nos libraron de los delincuentes.
Mientras tanto, en el pleno de la Asamblea Nacional se preparan los debates de leyes neoliberales que extenderán brechas históricas de inequidad y de más ausencia del estado en la vida de la mayoría de la población.
Por Erika Zapata Martínez
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Fotografías de AP
