Lizette Sandoval
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Las políticas mixtas, donde participan gobierno y particulares en tareas sociales, al parecer son una de las estrategias a las que le ha apostado el gobierno federal, principalmente desde la administración de Vicente Fox. Lo estamos viendo en esta administración municipal, con el tema del alumbrado público y también con el tema de protección civil municipal.
El problema con las políticas mixtas no es que en sí mismo sean negativas, sino que los problemas ocurren cuando la legalidad y las políticas que regulan la intervención de las empresas privadas en la función pública no están del todo claras y se prestan a prácticas de corrupción o negligencia; o bien cuando el diseño de esa política mixta no corresponde al resultado real que se está dando en la práctica. Estos son grandes problemas que generalmente caracterizan las políticas mixtas en México y es por eso que todo intento de política mixta debe analizarse a conciencia.
Ya hemos tenido malas experiencias, incluyendo la política de subrogación de guarderías del IMSS, cuya adjudicación directa se ha prestado a negocios de empresario y políticos y cuya deficiencia supervisión de la seguridad en guarderías fue un factor clave en el resultado trágico del incendio de la guardería ABC. El resultado de la subrogación fueron socios capitalistas sin ningún tipo de responsabilidad, pero con muy buena retribución de dinero y ese es uno de los principales vicios de las políticas mexicanas que buscan reducir el presupuesto público en detrimento de la labor social.
Hoy se busca concesionar la protección civil en Hermosillo y es un asunto hasta la fecha poco discutido por legisladores y sociedad civil. El pasado 24 de noviembre del 2016, el ayuntamiento de Hermosillo, a través de la secretaria del Ayuntamiento y la unidad municipal de Protección Civil dio a conocer la convocatoria para reconocer a profesionistas para titularse y registrarse como Inspectores Externos en Protección Civil. La intención es que los inspectores externos ayuden en la evaluación, revisión de proyectos y la inspección física acorde al proyecto, sólo a petición de partes, o sea cuando los dueños de los inmuebles lo pidan y los inspectores adscritos tendrán, además, la atención de reportes ciudadanos, de siniestros, coberturas de seguridad, notificaciones, aplicación de medidas de seguridad, entre otros. El perfil de los profesionistas convocados, es Arquitectos, Ingenieros Civiles, Mineros, Industriales, Mecánicos y en Protección Civil, o personas que por su experiencia laboral puedan tener los conocimientos; serán evaluados por la Universidad CEUNO y el Colegio Mexicano de Gestión de Riesgos en un examen de una sola aplicación.
Esta convocatoria podría estar justificada bajo el argumento de que el personal que labora en la unidad de protección civil es sumamente limitado para cubrir todo el municipio. La unidad cuenta con solo 6 inspectores para cubrir (de acuerdo al Guillermo Moreno, director de esta unidad municipal), 34 mil 672 unidades económicas. El problema es que el año pasado hubo una reducción del personal que labora como inspectores y un aumento del personal administrativo. El año pasado se registraron, 8 mil 640 servicios atenciones de bomberos, las cuales corresponden solo al 5 por ciento en comercios. ¿Si la falta de inspectores es un problema que se hizo latente desde el 2009, porque no se ha hecho nada al respeto?,¿Por qué no se preparan y contratan más inspectores internos para que el estado puede garantizarnos la seguridad y si aumentan el personal administrativo?.
El recurso material es también otro elemento a señalar, pues la unidad cuenta con 6 vehículos para realizar todos sus servicios y de estos solo dos funcionan en óptimas condiciones. Desde la administración de Roberto Copado, no se ha invertido en un vehículo nuevo. ¿Por qué no se le invierte recurso material a una unidad tan importante como la de protección civil?
El registro de inspectores externos presenta por los menos dos problemas inmediatos, el primero es que no hay figura legal que les impute responsabilidad si algo falla en sus dictámenes, además ¿quién certifica que esos dictámenes de seguridad están completos y correctos, si el trato será solamente entre el privado y el usuario? ¿Qué pasará cuando alguno de esos dictámenes no sea realizado de manera correcta, quién será responsable? ¿Otra vez privados con derecho a cobro, pero sin responsabilidad?
El segundo problema es que no está claramente establecido exactamente qué papeles debe exigir un inspector de seguridad a los usuarios para expedirles el dictamen de seguridad. El consultor tanto interno como externo puede disminuir o aumentar a voluntad los requisitos para expedir un dictamen de seguridad. Esta laguna se puede fácilmente prestar de nueva cuenta a prácticas de corrupción y nepotismo, así como a la no prevención de futuras tragedias.
Además ya se advierte una falta de transparencia, pues ya están los resultados de los inspectores externos seleccionados, solo se publicaron en la página de internet y no aparecen los nombres, sino solo códigos y números. ¿Se puede prestar esto para un buen negocio?
Este tema debe discutirse y ser analizado por especialistas y por la sociedad civil, la decisión se está tomando de manera unilateral y debe de ser consensada y analizada, para que se le provea de toda la legalidad correspondiente y todos los mecanismos necesarios para cumplirla. ¿Por qué no aprendemos lo suficiente de las tragedias y las prácticas que ya sabemos alimentan la corrupción?
Por Lizette Sandoval
En portada, fotografía de la escalera de emergencia en Molino La Fama, que a decir de un empleado de esa empresa, «el señor Fernández no la quería poner. Nosotros le insistíamos y nada. Pero después de lo de la Guardería (ABC) el solito se aplicó y hasta vino a inaugurarla».
Fotografía y testimonio por Benjamín Alonso
