Ha sido tan reiterativo escuchar en los artículos de opinión que la inseguridad es considerada como el problema número uno en nuestro país. En efecto, esta percepción está fundada por los altos índices de victimización y unos vestigios de la guerra contra el narco que actualmente se ve reflejada en la tasa de homicidios. En el caso de Sonora, hemos visto una tendencia al alza de 15.8% en la tasa de víctimas por cada 100 000 habitantes del 2019 al 2020 (ENVIPE, 2021). 

En ese caso, es de considerar la eficacia de las políticas de seguridad que se han implementado a través de los años en el estado. Uno de los mayores retos en tema de seguridad, es que, si bien existe una visión parcialmente correcta sobre las principales consideraciones para reducir la delincuencia, como ya lo ha descrito la teoría económica del crimen y castigo (Becker, 1968), y a su vez el factor de influencia de la pobreza y desigualdad (variables contextuales individuales del crimen), ha sido difícil sobrepasar las barreras políticas existentes. 

¿Por qué parcialmente correcta? A contrario de lo que la economía ortodoxa dice sobre cómo reducir el crimen, que consta de elevar la probabilidad de aprehensión para elevar el costo de delinquir, la realidad es mucho más compleja. Esta visión intuitiva nace a partir de una lógica de la criminalidad racional. Esto quiere decir que aquella persona que pretende asumir el riesgo de delinquir lo hace desde una base completamente lógica. Desde aquí nos encontramos en una suposición incorrecta, siendo que la última evidencia empírica nos demuestra que las decisiones se toman desde un punto de referencia y con sesgos involucrados, también llamada teoría prospectiva (Kahneman & Tversky, 2013). 

Humanos contra Econs es un concepto utilizado por el premio nobel de economía Richard Thaler en su libro “The making of behavioral economics” (2015), en tono irónico para señalar que existen una serie de condiciones y factores que hacen difícil la posibilidad de que la toma de decisiones sea completamente analítica como una persona completamente lógica lo haría. Asimismo, Kahneman (1997), otro exponente de la economía del comportamiento y premio nobel, propone que las acciones criminales se asocian con la impulsividad más allá de una valoración de costos y beneficios. Esto quiere decir que, aun elevando el costo de delinquir, teniendo tasas aceptables de aprehensiones, puede existir un sesgo de gratificación inmediata que juegue en contra de la clásica teoría de costo-beneficio. Chiba & Leong (2014) plantean una hipótesis en ese sentido, donde proponen que elevar repentinamente la probabilidad de aprehensión aumentaría la actividad criminal. A este fenómeno se le llama descuento hiperbólico, que consiste en la dificultad de guardar un comportamiento presente y realizarlo, en lugar de obtener mayores beneficios en un futuro. 

Por otro lado, no solamente existen problemas para evitar que se cometan actos criminales, también de que no haya reincidencia. La modernización del sistema actual de reinserción social es algo que no ha sido tomado en cuenta lo suficiente dentro de la agenda de la política criminal. Podríamos afirmar que la última innovación teórica que ha tenido efecto se dio en 1774 con Cesare Beccaria (Tratado de los delitos y las penas), donde se proponía la proporcionalidad de la pena y la prohibición de la pena de muerte. Hoy en día, a pesar de los avances en materia de política pública, este tema no ha permeado lo suficiente, aunque se lleva una parte considerable de los presupuestos estatales. En el caso de nuestro estado, el sistema estatal penitenciario (incluyendo el tratamiento para menores de edad), supone el 29% del presupuesto total en materia de seguridad pública. 

Es preocupante saber que nuestro sistema de reinserción social está fallando, llegando a porcentajes de reincidencia hasta de 44.4% en algunos centros. El caso del Cereso Hermosillo I es excepcional, siendo el centro de reinserción con mayor porcentaje de población en México que manifiesta haber estado presa previamente a su reclusión actual (ENPOL, 2021). 

De esa forma, no es que no podamos visualizar las acciones que deben de ser tomadas para evitar esta situación. Las herramientas jurídicas para lograr desahogar el sistema penitenciario existen, pero a la fecha se han considerado de alto coste político. La libertad condicionada, las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva; estos elementos que a la fecha no han sido explotados por los juzgadores y que definitivamente brindarían un respiro al gasto público y un respeto al nuevo (no tan nuevo) paradigma de derechos humanos. 

Por lo tanto, la necesidad de implementar políticas que tengan la capacidad de extenderse en el tiempo y modificar estructuralmente el acercamiento a la opción de delinquir se torna necesario. La visión a largo plazo no siempre se lleva bien con las necesidades políticas del presente, y es lo que ha detenido desafiar las causas del crimen. Aun así, creo que la tarea de apostar por un proyecto que perdure va ganando terreno entre los tomadores de decisiones, y eso es beneficioso para todos. 

La tarea de repensar la seguridad debe estar de la mano de la innovación teórica y tecnológica que nos brindan las diferentes áreas de conocimiento. Y no solamente eso, requiere de una forma de pensamiento que tome en cuenta la seguridad desde la ciudadanía, no desde una visión militarista y policiaca, que, si bien son necesarias para atender los principales problemas que tenemos con el crimen organizado, el problema es más extenso. 

Por lo pronto, en el campo de lo local, las instituciones de seguridad en Sonora se han visto beneficiadas en el presupuesto estatal 2022 con un aumento del 15.3%. Esto denota la relevancia que se le está dando desde el Gobierno del Estado al tema, siendo que, a pesar de un escenario financiero complejo se realicen aumentos presupuestales. 

Por Alejandro Zepeda Velarde

En portada, fotografía -recortada- de zona acordonada al norte de Ciudad Obregón por presunto homicidio, el primer día de este 2022

Fotografía de Benjamín Alonso Rascón

Fuentes 

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The economic dimensions of crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan, London.

Beccaria, C. (1774). Tratado de los delitos y de las penas. por D. Joachín Ibarra.

Chiba, S., & Leong, K. (2014). Behavioral economics of crime rates and punishment levels. Department of Management, Università Ca’Foscari Venezia Working Paper, (2014/21).

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL)

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE)

Kahneman, D. (1997). New challenges to the rationality assumption. Legal Theory3(2), 105-124.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I (pp. 99-127).

Thaler, R. H., & Ganser, L. J. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics.

Sobre el autor

Maestro en Políticas Públicas y Sociales por el Centro de Políticas Públicas de Johns Hopkins University y la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España; y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ha colaborado en espacios de política juvenil en Sonora y actualmente es asesor en el Congreso del Estado de Sonora.

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