Hermes CenicerosEste domingo 6 de agosto se cumplen tres años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado en el Arroyo Tinajas -afluente del Río Bacanuchi y del Río Sonora en el municipio de Cananea-, provenientes de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (BDC), subsidiaria de Grupo México (GM), un evento que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoció como la más grande tragedia ambiental de la industria minera de México en lo que va de su historia.
Actualmente, los afectados por la contaminación que provocó el derrame siguen esperando la reparación del daño por parte de la empresa, así como las medidas de no repetición que esta debería presentar como parte del resarcimiento a las comunidades afectadas. Sin embargo, ahora el delegado de gobernación Wenceslao Cota Montoya, así como el subsecretario de SEMARNAT Rodolfo Lacy Tamayo, actúan como voceros de GM y anuncian que de las 36 plantas potabilizadoras de agua con tecnología para tratar metales pesados y la clínica UVEAS, únicamente tendrán 9 plantas, así como un centro comunitario en lugar del Hospital prometido en septiembre del 2014 cuando se firmó el convenio del Fideicomiso Río Sonora (FRS).
En estos tres años el Fideicomiso terminó convirtiéndose en la herramienta que Grupo México usa para actuar como autoridad en el territorio afectado por la contaminación, sin tener que cumplir responsabilidades de ningún tipo, sino más bien ocultando toda información que pueda perjudicar sus intereses empresariales. Por lo anterior es que el grupo de trabajo de las Naciones Unidas dedicado a los derechos humanos y empresas ha declarado que la minera no ha cumplido con lo prometido a más de 22 mil afectados.
El reclamo del organismo internacional está acompañado de las constantes dudas que genera la opacidad con la que se ha desempeñado el Fideicomiso y la forma en la que las dependencias, así como los tres niveles de gobierno, han actuado para dejar a la población en el abandono y el miedo por no saber si su salud corre riesgo.
Cronología de los primeros días del derrame
Desde las primeras horas del derrame de los 40,000 m3 de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado, el 6 de agosto del 2014, la empresa se reservó información que por ley debió haber dado de inmediato. Y después, ya iniciadas las averiguaciones, Buenavista del Cobre decidió probar suerte justificando con mentiras los motivos por los cuales se dio la tragedia ambiental.
La cadena de acontecimientos que se dieron durante las primeras horas nos dice que la empresa no dio aviso inmediato a la autoridad, como estipula la Ley General de Gestión Integral de los Residuos en los artículos 68ª,70 y 77. La única acción que realizó la empresa en su momento fue la de hacer una llamada telefónica 25 horas después (7 de agosto de 2014 a las 11 horas) y declarar en los medios de comunicación que el derrame fue por las lluvias atípicas en la región. Este argumento fue desechado de inmediato porque los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA) demostraron su falsedad. Después del fallido intento de engaño es que la empresa formaliza el aviso con un documento que entregó hasta el 12 de agosto, cuando debió haber sido 3 días después del incidente de acuerdo con el artículo 130, fcc II del Reglamento de la Ley General de Gestión Integral de los Residuos.
Posteriormente, gracias al trabajo de investigación que realizó la organización no gubernamental PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) y que publicó en septiembre de 2015, se sabrá que PROFEPA demostró que Buenavista incurrió en 55 irregularidades, así como que ha sido negligente y ha obtenido beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, manejo de residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las 55 irregularidades que el organismo gubernamental descubrió fueron el origen de que el 6 de agosto se diera el derrame por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados.
«Las 55 irregularidades que el organismo gubernamental descubrió fueron el origen de que el 6 de agosto se diera el derrame por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados».
Anatomía de un Comité Técnico a modo
El contrato del Fideicomiso del Río Sonora se firma el 15 de septiembre del 2014 en la Ciudad de México, lejos de donde están los afectados, lejos de las protestas, de las carreteras cerradas y de la contaminación. En el convenio, Grupo México hizo el compromiso de aportar la cantidad de dos mil millones de pesos en moneda nacional con una primera aportación de 500 millones para el resarcimiento del daño ocasionado por el derrame del 6 de agosto del 2014, dejando abierta la posibilidad de que al llegar a los 500 millones, si es necesario un recurso adicional, la empresa lo pondría.
A simple vista el Fideicomiso aparece como una respuesta a las demandas de las personas afectadas que piden el resarcimiento al daño causado por GM, pero en muy poco tiempo demostraría su perversa naturaleza. Revisando cómo se compone el Comité Técnico que toma las decisiones del fideicomiso se nota que la empresa minera tiene el control de los recursos. En este sentido es que aunque el Comité está presidido por el subsecretario de planeación y política ambiental de SEMARNAT, el Ing. Rodolfo Lacy Tamayo, este terminará actuando como un vocero institucional de Grupo México.
El Comité Técnico del Fideicomiso se encuentra presidido por el subdelegado de SEMARNAT y otros cuatro miembros de los cuales tres los pone GM de la siguiente forma. Por parte de la empresa está Vidal Muhech Dip, así como un consultor externo que paga GM de Consultores Ambientales, S.A. de C.V y un investigador de la UNAM que también seleccionó la minera de nombre Carlos Mena Brito. Por parte de la UNAM (el tercero en la mesa, además del gobierno y minera) está el encargado del diagnóstico ambiental, el Dr. César Augusto Domínguez Pérez-Tejada, quien es elegido por la UNAM pero al recibir dinero de la empresa para el estudio y firmar una cláusula de confidencialidad también queda a merced de los intereses empresariales de la minera.
Divide y vencerás
Para Don Ramón, uno de los miembros más participativos de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), el supuesto apoyo que el Fideicomiso repartió en las comunidades afectadas fue únicamente para dividir a la gente y destruir el tejido social. Estos apoyos del Fideicomiso fueron la supuesta indemnización por los daños que al final no dejaron satisfechos a los afectados porque en ningún momento atendió sus verdaderas necesidades ni se hizo de la manera correcta.
Los criterios con los cuales se hicieron las listas de los beneficiarios, así como cuanta cantidad merecía cada quien, nunca se dieron a conocer. Esta información se manejó con mucha secrecía y generó varias manifestaciones de indignación entre la población afectada que esperaba su apoyo pero en cambio veía cómo el dinero se repartía de manera opaca.
Fue hasta 2015 que las listas de beneficiarios del Fideicomiso se socializaron a través de una entrega que se hizo por la unidad de transparencia de SEMARNAT al portal de noticias SinEmbargo, quienes las publicaron el 29 de julio de 2015 en un reportaje especial de Shaila Rosagel. En el análisis que hace la periodista se da a conocer cómo entre los beneficiarios se encuentran los alcaldes de los pueblos, sus familiares, así como los de grandes políticos del PRI y el PAN entre los que destaca Alfonso Elías Serrano del PRI y Javier Gándara Magaña del PAN.
Los apoyos por sí solos no representan algo negativo, sin embargo la incertidumbre que dejó la opacidad y la falta de transparencia con la cual se manejo el Fideicomiso, así como la carencia de criterios claros que justificaran apoyos de no más de quince mil pesos por un lado y otros tan exorbitantes como los que se dieron a políticos y a sus familiares justo antes de un año electoral, llevan a la sospecha de que el dinero se repartió con un propósito que no era la indemnización del daño causado.
Estas sospechas se reflejan también en la opinión de ciudadanos que están organizados en los CCRS para demandar a las dependencias federales que no les han garantizado sus derechos humanos y ambientales. Don Ramón, quien participó como ciudadano en la revisión de quienes supuestamente merecían ser beneficiarios, cuenta el motivo por el cual renunció a ser parte de esa simulación:
-Cuando nos mandan llamar de Hermosillo ante los delegados responsables, el delegado del trabajo, el señor Wenceslao Cota Montoya, que ahorita es el delegado de gobernación; el señor Alfonso García Morales, que ahora es Secretario de Seguridad pública del Estado; ellos ya estaban trabajando políticamente en esto. Porque todo fue un desastre. Fuimos a Hermosillo y estuvimos frente al señor García Morales y el señor, no sé si simuladamente, agarraba el folder de la caja de Aconchi y allí empezaba a cuestionarlo, allí mismo decidía qué pasaba y qué no. El era quien tomaba las decisiones. Entonces nos dimos cuenta que nuestra opinión no contaba, porque ellos ya tenían planeado a quienes darle. Por eso a los 15 días nos deslindamos de eso.
La manía de querer tapar el sol con un dedo
En el sitio oficial del Fideicomiso aparece el sello de SEMARNAT, así como una leyenda que especifica que dicha página web está sujeta a la Ley de Transparencia. Sin embargo, tanto los monitoreos que se publican allí, como algunos informes sobre la situación ambiental de la zona contaminada, se han dado a conocer con poca claridad, generando desconfianza tanto en la prensa como en la comunidad científica que quiere usar esos datos para trabajos de investigación.
Uno de los primeros trabajos en ser publicados en una revista indexada que usa los datos que se dan en la página del Fideicomiso es el del Dr Díaz Caravantes y el Dr. Tagles, que únicamente es un análisis exploratorio de la calidad del agua en los monitoreos del Fideicomiso, donde confrontan los valores reportados con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM) vigente, para terminar comparando estos con los que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los autores de este trabajo encuentran mediciones que no están completas y hacen la siguiente anotación:
En los registros se observó una cantidad considerable de casos en los que aparecía la etiqueta ‘ND’ y otro tanto con la etiqueta ‘NE’, de tal forma que del total de registros sólo una parte cuenta con un valor numérico, que en algunos casos llega a ser cerca de la mitad.
Esta carencia complica en gran medida el análisis que hicieron los autores debido a que no contaban con la información completa. Aun así fueron capaces de mostrar que en algunas partes de la cuenca se presentaron valores por arriba de la NOM y de la recomendado por la OMS.
En cuanto al diagnóstico ambiental que el Fideicomiso se comprometió a pagar y dar a conocer junto con un plan de resarcimiento al daño ecológico, el sitio oficial únicamente ha publicado los avances del diagnóstico que realizó la UNAM después de una filtración que orillo a SEMARNAT hacer pública esta información. El mencionado avance tiene un sello de recibido de abril del 2015, sin embargo apareció públicamente gracias a una publicación en Expreso, un diario de circulación estatal en julio del mismo año.
La filtración de ese documento se dio porque fue publicado en el portal del Fideicomiso del Río Sonora por error, cuando la encontraron en el citado Expreso. Después de sacar la nota esta se viralizó en redes sociales, donde se pudo bajar el documento. El impacto que generó que dicho documento dijera que la contaminación ha afectado en la flora y la fauna del río Sonora, hizo que lo bajaran a pesar de que ya muchas personas lo tuvieran de manera digital.
Actualmente este documento está de nuevo en la página del Fideicomiso, pero los encabezados en medios locales y nacionales que señalaron cómo lo bajaron ya son parte de la memoria, así como una evidencia más de la opacidad con la que se maneja el fideicomiso.
Recorte de La Jornada online a falta de la nota de Expreso, que no la encontramos en la web 🙁
El vacío legal de donde el Fideicomiso se agarra para la opacidad
El diablo está en las letras chiquitas, dice un refrán popular entre abogados, para hacer referencia que en los temas jurídicos se debe tener cuidado en los pequeño detalles. Entre esos pequeños detalles pueden aparecer vacíos que en la interpretación de la ley pueden permitir grandes injusticias o justifican acciones consideradas fuera de la ley o violación de derechos humanos. Y es precisamente en esos espacios entre líneas de donde se agarran los abogados de Grupo Méxco para hacer del Fideicomiso una herramienta que le permita actuar como autoridad en el territorio afectado sin tener la responsabilidad de ser transparente.
De acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, el acceso a la información es un derecho que como en el artículo 2 inciso VI de la ley ya mencionada, tienen el propósito de: “Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, mediante el ejercicio del derecho a la información pública”. Complementando lo anterior en el inciso VII dice que este derecho también busca: “Favorecer la rendición de cuenta a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados”.
La obligación de dar información a la ciudadanía para hacer valer la rendición de cuentas recae en los sujetos obligados que la Ley de Transparencia en el artículo 3 inciso XLIV los describe de la siguiente manera: “Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obre en su poder, quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito estatal y municipal”.
Esta definición del sujeto obligado que da la ley puede tener varias interpretaciones en la práctica, dejando una oportunidad para que retomando la ambigüedad se puedan evadir responsabilidades. Es precisamente aquí donde GM encuentra su justificación para no dar información a conocer y reservarse tanto los resultados del diagnóstico ambiental que realizó la UNAM o un plan de resarcimiento al daño ecológico, porque fueron hechos con dinero de la empresa y no con recursos públicos.
El sentido común hace ver al Fideicomiso como autoridad y por lo tanto debe ser sujeto obligado porque maneja un fondo, que aunque tiene un origen privado, su uso realmente debe ser público si es que se quiere beneficiar a los afectados por el derrame de la minera. Sin embargo, el vacío legal mencionado ha eximido de la obligación al FRS de ser transparente aunque actúe como autoridad en relación con todos los temas que tienen relación con el resarcimiento del daño causado por la contaminación.
Recomendaciones que nadie quiere escuchar
En septiembre de 2016 el grupo de trabajo de las Naciones Unidas en derechos humanos y empresas visitó Hermosillo para escuchar tanto a los afectados como al gobierno y empresarios sobre los diferentes conflictos en la región. En esta visita los observadores de la ONU pudieron escuchar a las autoridades yaquis hablar sobre los conflictos que han tenido por el Acueducto Independencia y el gasoducto Aguaprieta, a padres deudos de la Guardería ABC y a los CCRS que hablaron de la tragedia ambiental por el derrame de tóxicos de GM.
Las recomendaciones que dejaron los visitadores son principalmente la de fomentar el diálogo social y respetar la consulta previa para evitar conflictos sociales por la violación de derechos humanos debido a la actividad empresarial, así como estimular a las voces críticas permitiendo el acceso a la información. En el caso del Río Sonora el Fideicomiso se ha convertido en la herramienta perfecta para que Grupo México pueda controlar la información relacionada con la tragedia ambiental, generando un clima de opacidad que únicamente le beneficia a la empresa y a los políticos corruptos involucrados.
Por lo anterior es que a casi un año de la visita que realizó Naciones Unidas, el grupo de trabajo de derechos humanos y empresas ha criticado duramente a GM y le ha reclamado no haber cumplido con lo que había prometido, tanto a los afectados como ahora al organismo internacional. En este contexto de impunidad, así como de falta de transparencia, la voces críticas han hecho un esfuerzo doble por hacerse notar, ya que los paladines de la transparencia poco o nada se han manifestado.
El saldo después de 3 años
A unos cuantos días de la conmemoración de los tres años del derrame en el Río Sonora, el juzgado Primero de Distrito le concede un amparo a los CCRS en el que les da la razón de que los pozos de Sinoquipe y La Labor registran niveles por encima de la norma, uno con arsénico y el otro con manganeso. Con esto la población afectada gana terreno en hacer que las autoridades reconozcan la gran problemática ambiental y de salud pública que se ha generado por el derrame y que el Fideicomiso ha querido ocultar.
En lo que va de este año el delegado en Sonora de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, así como Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de SEMARNAT, han actuado como voceros para dar a conocer que las promesas del Fideicomiso no se van a cumplir sin argumentar con información seria los motivos de estas decisiones. En tres años de promesas incumplidas, de impunidad, violación de los derechos humanos y ambientales de más de 22 mil personas -si no incluimos a Hermosillo-, la opacidad ha sido un eje transversal del cual se han aprovechado tanto la minera como las autoridades en sus tres niveles de gobierno. Al final apuestan al olvido. Por esto los CCRS, PODER, la Red Fronteriza de Salud y Ambiente AC, así como otros activistas, constantemente recuerdan esta tragedia, porque la lucha es contra el olvido y la indiferencia de aquellos que compran voluntades con carretadas de dinero.
Por Hermes Ceniceros
Fotografía de Benjamín Alonso
Terreno baldío en Ures. Agosto de 2016.
