Aarón GragedaHe tenido el privilegio de ser invitado a dar mi perspectiva sobre la Ley General de Archivos, en el marco del Encuentro Nacional de Archivos, celebrado aquí en Hermosillo, Sonora el pasado 25 de junio. Contrario a la posibilidad de abordar el tema como lo hace un especialista de la disciplina histórica, deseo hacerlo mejor desde donde el tema de los archivos cobra sentido propio, donde se vuelve más personal, una suerte de memoria familiar.
Nací en esta cálida y calurosa ciudad un mes de agosto, en plena canícula. Viajo ahora a la mitad del piso cuarto de mi existencia y hablarles un poco de la Ley General de Archivos me remonta en parte al primer contacto que tuve con el prolífico desorden de los documentos; a ese lugar que lo influye a uno imperceptiblemente, y como fue en mi caso, me hizo buscar una profesión relacionada con este humilde negocio de hurgar en busca de sentido y memoria en entre papeles viejos.
Así es mi vínculo con el tema, con el caos de hojas sueltas dispuestas a ordenamiento. Es por ello que los archivos me remontan a lo entrañable, a las imágenes de infancia, al portafolio de mi padre; uno verde, Samsonite, con dos cierres a presión en la parte superior, ese que recuerdan quienes como yo vivieron una feliz infancia en los ochenta.
Dentro del portafolio de mi padre se encontraba un bestiario, o más bien una suerte de vía láctea en pequeño, una constelación: el recibo de una aspiradora Electrolux, la fe de bautismo de mis hermanos, alguna foto de un pariente desconocido, boletas con calificaciones (con ochos y nueves), el certificado de ser feliz poseedor de una consola Telefunken (que hizo las delicias de los vecinos de la colonia Balderrama, en tantas quinceañeras que amenizó cuando todavía podían cerrarse las calles para hacer la fiesta).
Junto con otros papeles, el portafolio de mi padre también contenía una copia incompleta, que a mi corta edad columbré que era lo que más atesoraba de ese pequeño museo. Se trataba de una transcripción en papel cebolla (a penas legible), hecha con máquina de escribir Olivetti. La copia daba cuenta de la posesión legal de un rancho en Chihuahua, por entonces ya en ruinas, que mi padre habría heredado del abuelo y que por alguna razón (un mal de archivo, diría Derridá), el expediente se había extraviado sin pistas de su paradero, en algún archivo, de algún tribunal, de alguna población que mi padre de seguro habría repetido una y otra vez.
Por ello, el archivo significa para mi una suerte de restauración; una posibilidad de retornar al orden; la facultad misma de exigir justicia, de transparentar aquello que durante mucho tiempo convino a pocos que mejor permaneciera opaco, oculto, insondable.
Así puedo explicar el significado de la nueva Ley General de Archivos: como el esfuerzo de organismos de la sociedad civil, de la academia y el gobierno, para ventilar, aclarar, ubicar, consultar y difundir las decisiones de autoridad, la celeridad de los procesos administrativos, el manejo de los recursos financieros y el uso que se le da a las propiedades públicas y privadas.
La Ley General de Archivos llegó en ese sentido precedida de leyes nacionales que le otorgaron marco de funcionamiento. Su concepción inició con la ley que creó el Sistema Nacional de Transparencia, se siguió del Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas y la última de ellas, la Ley de Mejora Regulatoria. Todas ellas sin excepción, al igual que la Ley General de Archivos, comparten rasgos significativos, que puedo simplificar en cinco aspectos: 1) Son producto del codiseño, del involucramiento de la sociedad civil y los órganos legislativos, 2) está inspirada por uno o varios pilares constitutivos del Gobierno Abierto, 3) tiene una lógica interna de gobierno electrónico, 4) retoma el modelo de contraloría ciudadana y 5) permite, en su lógica sistémica, intersectar múltiples jurisdicciones en los tres niveles de gobierno para responsabilizar a las entidades y entes del servicio público en la recepción, ordenamiento, clasificación, respaldo y difusión de la información pública.
Es por ello que su objeto es establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad. Sus objetivos van en ese sentido: promover métodos y técnicas de organización que permitan la conservación, organización y consulta expedita de la información, para ayudar a la administración pública y la transparencia; uniformizar su manejo en los tres niveles; fortalecer la memoria institucional; promover su digitalización a través de un Sistema Integral de Gestión de documentos electrónicos; fortalecer el derecho a la verdad y la memoria; así como difundir el patrimonio documental del país y fomentar la cultura y acceso a los archivos.
La Ley General de Archivos movilizó en su creación a múltiples organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y colegios profesionales, para consolidar a través de diversos foros de consulta, discusiones y audiencias públicas, una propuesta acorde con la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia y acceso a la información. El proceso ha sido lento, considerando que se llegó al 13 de diciembre para que ésta fuera aprobada por el Senado, así como posteriormente, en el Congreso de la Unión se hiciera lo correspondiente el 26 de abril del 2018.
Quienes de una manera u otra hemos participado o dado seguimiento a la evolución de este cuerpo normativo, observamos aún cinco deficiencias que en un futuro no muy lejano deberán ser atendidas para hacer de esta ley un marco aún más eficiente para la administración y rendición de cuentas.
La primera es evitar la captura de su Órgano de Gobierno, máximo órgano colegiado. En la Ley General se propone que este sea encabezado por la Secretaría de Gobernación, lo cual abre la posibilidad de que el diseño de la política nacional archivística del país se realice bajo otros criterios que no sean los estrictamente éticos y epistemológicos; necesarios para la transparencia, la rendición de cuentas y el cultivo de la memoria nacional. El manejo de los archivos del país no puede supeditarse al control político ni los intereses del gobierno que vaya llegando.
La segunda tiene que ver con la autonomía y solvencia financiera para el Archivo General de la Nación, ya que, a pesar de ser el engrane maestro de la Ley General, y se le otorga ahora una naturaleza jurídica descentralizada y desectorizada, su financiamiento será la forma de limitar el alcance de la reforma.
La designación de su titular, no se contempla como proceso público, transparente e inclusivo, que cuente al menos con la ratificación del Senado como equilibrio; quien llegue seguirá rindiendo cuentas, primero a la Secretaría de Gobernación, y después, de ser el caso, a la ciudadanía y usuarios.
En cuarto término, otra deficiencia que deberá subsanarse es que no debe de combatir la transparencia y el acceso a información pública, creando más estructura burocrática. La nueva ley exige además capacitar a las oficialías de partes, homogeneizar criterios catalográficos, respaldar digitalmente la información, crear índices y catálogos; así como difundirlos. Para ello será necesario contratar personal y no está claro si hay profesionales suficientes y presupesto para ello; leyes como esta surgieron sin un estudio de factibilidad financiera, como hubiera sido deseable.
La profesionalización de los procesos de valoración documental tiene, en quinto lugar, que ser reforzada. Para decidir qué documentos se conservan, cuáles se dan de baja y en qué plazos se hace, no sólo se requiere de un grupo interdisciplinario, como efectivamente se propone en la Ley, sino personas especializadas en la materia; archivistas e historiadores particularmente, pues no se trata de una decisión burocrática o administrativa sino una esencialmente de competencia en valoración histórica.
La presente ley y el respaldo que ha tenido de organizaciones como Fundar, Artículo 19, la Red por la Rendición de Cuentas, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de México, el CIDE, El Comité Mexicano de Ciencias Históricias y muchas otras, es una prueba de que el destino del país es demasiado importante para agotarlo en el proceso electoral. Se requiere la corresponsabilidad ciudadana y de que ésta sea vigilante.
Con el involucramiento de la sociedad civil en la confección de las nuevas leyes que he mencionado, se hace verdad la frase de que “la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos”.
Siendo tan rampante la corrupción, estos primeros 18 años del siglo, como sociedad civil intentamos cercarla con instituciones y normas diseñadas para contener los excesos que se cometen. Somos una sociedad que desconfía de todo. Son cada vez menos quienes creen en los contrapesos ciudadanos; de que éstos sirvan para mitigar los efectos más nocivos de la captura sistemática de puestos y presupuestos. Con leyes como ésta, podemos al menos tener la posibilidad de llamar a cuentas al funcionario que usufructúa con su cargo. Que no recibe bien correspondencia ordianaria, que no turna correctamente, que no archiva, no cataloga, no ubica, no respalda digitalemente y no crea catálogos para consulta.
Quienes de alguna forma apoyamos o colaboramos con nuestra opinión en apuntalar leyes como ésta, estamos comprometidos a impedir que se siga reproduciendo la mecánica de la captura de los puestos para apropiarse del poder de servir y hacerlo para el beneficio propio.
Sabemos que vendrán otras autoridades, cambiarán los candados y aldabas, pero con esa facilidad no cambian nuestras prácticas. Lo hemos visto una y otra vez en todos los ámbitos de la vida política del país. Y mientras la conducta predatoria de los puestos se mantenga intacta, poco podremos transformar para bien la Administración Pública; por más buenas y bien intencionadas leyes que diseñemos. Por eso, debemos con la Ley General de Archivos vigilar su funcionamiento, su tropicalización a las condiciones y posibilidades en que se encuentran los archivos en el Estado. La independencia y competencia de las personas que se encarguen de hacerla cumplirla al interior del país y medir su evolución, debe estar a toda prueba.
Quiero finalmente decir, que mi padre, quien aún está por subir al octavo piso, quizá tendrá un par de años para ver rendir frutos a esta ley y quizá, con un poco de suerte, retornar al portafolio el expediente completo de la posesión de una propiedad, a la que nunca, hasta hoy, tuvo oportunidad de tener uso en justicia, porque alguien sobornando al encargado del archivo, pagó el extravío o dispersion del expediente.
La Ley General de Archivos promete en el mediano plazo, poder consultar en línea, desde facturas hasta legajos; hacerlo desde Ciudad Hidalgo hasta Tijuana; de Chiapas a Baja California. No son pocos los retos, pero vale más trabajar más y dejarle menos a la voluntad de quien llegue a regir los destinos del país el próximo 1 de diciembre.
He participado como personal técnico en el proyecto de digitalización de los documentos y licencias (todavía en papel desde los años 60’s!!!) de una importante secretaría del estado (no voy a mencionar nombres). Desde entonces, no he podido evitar fijarme en cómo lo hacen otras dependencias de gobierno que me ha tocado visitar, normalmente a través de conocidos, y preguntar cómo están llevando este tema de la digitalización.
Dicho lo anterior, quiero compartirles que en mi opinión lo que está fallando es que a pesar de que parece que se ha invertido en formación del personal administrativo a cargo de la gestión documental, me imagino que sobretodo a raíz de la necesidad de tener que digitalizar, se ha optado por dar carta blanca a que cada uno lo haga «como pueda». Y entonces me ha tocado ver como el o la más apañada de la oficina junto con 2 estudiantes de secundaria se dedican a escanear toneladas de papel y a «indexar» esos documentos en una hoja de cálculo.
No critico la creatividad y la iniciativa de ese personal, claro que no! Pero la verdad… me parece de aficionados que se haga de este modo tan PRECARIO, en lugar de buscar los servicios de gente que tratamos de ganarnos la vida desde hace décadas con las tecnologías de la información y que podemos hacer que esa inversión de medios sirva para algo más que para cumplir con el requisito mínimo que marca la ley. Los que nos dedicamos a esto podemos entregar casi con el mismo esfuerzo (el trabajo gordo es el escaneado y la captura de meta-datos) dejar a la organización correspondiente y a los ciudadanos una herramienta de software que permita su consulta, edición y actualización oportuna de la forma más eficaz posible.
Tristemente esta sensación me viene de forma recurrente. Sé de buena tinta que algunas «empresas públicas» municipales (nunca he acabado de entender eso de «empresa pública») echaron mano hace años cuando se crearon contratando BECARIOS UNIVERSITARIOS en lugar de gente graduada… por favooooor!!!??? qué no hay licenciados e ingenieros, gente certificada suficientemente preparada para dar el mejor servicio a al ciudadano al país, para que se tenga que echar mano de becarios!!!??
Siempre he pensado que las leyes aprobados en este gran país son ejemplares la mayoría de las veces, y dignas de ser envidiadas en el resto del mundo. Lo que falla estrepitosamente es su implementación… seamos sinceros. Cuando no se hace de forma incompleta, se hace buscando atajos, o directamente con mucha inventiva y pocos recursos. La neta… así nos va.
Ahí se lo dejo, para que comenten si tienen más información al respecto. Saludos!