Antonio BarragánUna reflexión con datos sobre un problema emergente y harto creciente en nuestro estado
Las rupturas cualitativas y cuantitativas que en los últimos años ha propuesto la violencia criminal organizada en nuestro país han reverberado en una serie de cambios en la forma de abordar la realidad por parte del Estado. En ese rubro, y a partir de las presiones internacionales de organismos de derechos humanos y de los movimientos sociales de víctimas en México se creó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de 2017.
En ese marco surge el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una base de datos que incluye información desde 1964, que es cuando comienzan este tipo de cuantificaciones en el contexto de la llamada guerra sucia (la cual se puede consultar aquí: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/).
Para dimensionar el problema a nivel nacional, debemos saber que dicho registro indica que a la fecha (24 de agosto de 2021) existen 91,044 personas en calidad de desaparecidas y no localizadas en el país. Así mismo, el comportamiento que tiene la curva de incidencias por año indica que este fenómeno durante las décadas de los 80s y 90s no tuvo mayor relevancia, pues su incidencia se mantuvo entre los 2 y 40 registros. Sin embargo, su crecimiento se presentó desde inicios del presente siglo, cobrando especial notoriedad paralelamente a la “guerra contra el narcotráfico”, pues durante 2007 se registraron 825 incidencias, valor que no se había logrado desde 1975, cuando se contabilizaron 301 registros, y que respondía a la mayor cantidad que se tenía hasta entonces.
Aunque las desapariciones han sido una problemática siempre presente en nuestro país, es en el contexto de la exacerbación de la violencia criminal organizada cuando resurge, cobra fuerza y rompe todos los paradigmas preestablecidos, pues concretamente el periodo 2016-2020 representa poco más de una tercera parte de dicho fenómeno a nivel nacional con 31,296 registros, que equivalen al 34.37% del total.
Específicamente, de la cantidad total de personas desaparecidas y no localizadas (91,044 registros), el 76.55% (69,700) se concentra en 11 entidades de la república, que en orden descendente aparecen: Jalisco (13,777), Tamaulipas (11,547), Estado de México (9,788), Nuevo León (5,539), Veracruz (5,340), Sinaloa (4,931), Sonora (4,186), Michoacán (4,153), Guerrero (3,578), Chihuahua (3,440) y Coahuila (3,421). Cada una de esas entidades se distinguen por haber presentado etapas muy agudas de violencia criminal durante los últimos 15 años. A pesar de ello, aún no se ha comprobado que el incremento de dicho fenómeno se deba exclusivamente a la llamada “guerra de cárteles”, pues se trata de una problemática multifactorial donde inciden también la trata de personas, la explotación y migración ilegal, por lo que se requieren mayores indagaciones al respecto, pero la dinámica criminal organizada en la lucha por los territorios parece una hipótesis bastante plausible, la cual se abordará más adelante.
SONORA
Lo que dicen las cifras oficiales es que el registro más antiguo que se tiene para Sonora data de 1974 con dos incidencias, cantidad que se mantuvo entre 1 y 7 registros año con año hasta 2006, pues a partir de ese momento comienza un incremento ascendente y abrupto en dichos números. Al respecto, según los datos del RNPDNO del periodo 1974-Agosto 2021 en Sonora se contabilizaron un total de 4,186 personas desaparecidas o no localizadas. De esa cantidad, el 99.45% se trata de personas desaparecidas (4,163), mientras que el 0.55% se refiere a personas no localizadas (23). Cabe anotar que la diferencia entre ambas figuras consiste en que para el caso de las personas desaparecidas se presume que su ausencia se vincula con la comisión de un delito. De esa forma Sonora se coloca como la séptima entidad más importante en este rubro a nivel nacional.
Al igual que con los homicidios, no fue sino hasta la eclosión de la violencia de la “guerra del narco” que comienza una escalada en el ámbito de las desapariciones en la región, pues en 2007 se computaron 23 denuncias, para 2012 la cantidad había aumentado a 123, y en 2016 se tenían 377, suscitándose desde entonces un comportamiento incremental, a excepción de 2018 cuando se tuvo una pauta a la baja con 447 denuncias. De esa misma forma, entre 2017 y 2020 se contabilizaron 2,379 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa el 57.19% del total histórico. Solamente el año pasado se tuvieron 619 denuncias (14.8%), representando la peor temporada para este problema. Es decir, las desapariciones responden a un fenómeno social que se ha venido agravando en los últimos cuatro años. Hay que señalar que durante este año se han contabilizado 62 denuncias, cifra sumamente baja debido a que no se han realizado los cortes de fin de año, por lo que pudiera aparecer sesgada, así también en 106 casos no se tiene año de registro.
Por otra parte, las ciudades con mayor incidencia histórica son: Hermosillo (947), Cajeme (528), Nogales (526), Guaymas (276), Caborca (220), Agua Prieta (219), Puerto Peñasco (170), San Luis Rio Colorado (163), Navojoa (133), General Plutarco Elías Calles (114), Empalme (89) y Magdalena de Kino (84). Cabe destacar que en dichas localidades se concentra el 82.87% (3,469) del registro de personas desaparecidas del estado. Todas esas ciudades han presentado abruptos cambios en la forma de ejercer la violencia por parte de las organizaciones criminales que ahí operan.
Así también, la brecha de género es bastante marcada, pues en el 78.05% se trata de hombres (3,267), mientras que en 912 de los casos corresponden a mujeres (21.79%), más 7 personas sin determinar (0.17%).
De igual forma, el 75.03% (3,141) de los registros totales se concentran en edades entre los 15 y 49 años, y propiamente el 38.9% (1,629) corresponden a edades entre los 15 y 29 años, sin embargo, existe una diferencia notable por género, toda vez que el pico más alto para las mujeres aparece entre los 15-19 años, mientras que para los hombres se da entre los 25-29 años. Tal situación afecta a la población en las etapas más productivas de su vida, dibujándose un perfil más o menos claro, pues las víctimas son mayoritariamente hombres adultos-jóvenes, y su reproducción se presenta en un entorno de conflicto criminal organizado de lucha por las “plazas” entre las organizaciones del Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Lantía Intelligence, 2021)1. Haciendo que dicha problemática adquiera determinada complejidad y profundidad.
Además, la experiencia de organizaciones de familiares de víctimas como “Madres Buscadoras de Sonora” de Guaymas-Empalme (el primer colectivo de este tipo surgido en Sonora en 2018, seguido por el de Cajeme, y diseminándose este tipo esfuerzos a las principales ciudades de la región), indican que para 2019 a su colectivo habían llegado 700 denuncias (Claudia Alejandri, 15 de enero de 2019)2, dato que contrasta con los registros oficiales, evidenciado la variabilidad en las cifras, donde pareciera que las estadísticas oficiales no logran dimensionar adecuadamente el problema. Esa marcada diferencia pudiera deberse a la falta de confiabilidad que existen en los distintos aparatos de administración e impartición de justicia, incluyendo a las policías, interviniendo en la cultura de la denuncia por parte de la ciudadanía, develando una situación delicada en la relación Estado-sociedad.
En ese contexto ha venido cobrando importancia en el imaginario colectivo la figura del llamado levantón, instalada a través de la “narco-jerga”, y que se refiere propiamente a un evento violento donde hombres armados capturan por la fuerza a una persona para subirla a un vehículo con el objetivo de trasladarla hacía un lugar determinado. En este caso los levantones forman parte de las acciones que ejecutan los diversos bandos criminales en pugna como parte de las estrategias de “limpieza”, amedrentamientos, ajustes de cuentas, coacción o cooptación para las estructuras de las mismas; son formas de control y dominio geoespacial y poblacional que proyectan una violencia difusa toda vez que se inclinan hacía un retrato de lo desconocido, influyendo en la incertidumbre, y concretándose en un cártel de “se busca” los rasgos de las víctimas directas.
Eso sin mencionar las fosas clandestinas, los cuerpos, restos y rastros localizados, las hogueras para procesar cuerpos, las amenazas cumplidas y simbólicas, así como las formas de autogestión y organización de los grupos de víctimas, que configuran elementos circundantes al fenómeno aquí expuesto. Donde las soluciones requieren del entretejido de voluntades y diálogos entre sociedad civil y Estado.
Para finalizar, en el análisis de los problemas sociales no existen respuestas sencillas, ni remedios mágicos, sino métodos y formas de exploración de información que sirven para comprender mejor la situación de la sociedad. Y tal empresa necesita apelar siempre a un sentido humano para el abordaje de la compleja realidad.
Referencias:
1Lantia Intelligence. (2021). Mapa Criminal México 2019-2020, versión ejecutiva.
2Alejandri, C. (15 de enero de 2019). Toman muestras de ADN a familiares de desaparecidos en Guaymas y Empalme. Expreso.
Fotografía de Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, publicada originalmente en El Debate
