Jano Valenzuela
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México lleva una década de guerra interna no convencional. Una guerra impuesta desde la Casa Blanca de Estados Unidos y que Felipe Calderón hizo propia al arranque de su sexenio. Michoacán fue el escenario de la inauguración de los operativos conjuntos que marcarían con sangre cada estado en el que se presentaban. Un estudio del Programa de Política de Drogas del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) dirigido por Alejandro Madrazo, demuestra de forma rotunda el fracaso del uso del Ejército en funciones de seguridad pública.
Por lo demás, en realidad no se necesita ser un eminente Doctor en Ciencias Sociales, ni un prestigiado analista político para darse cuenta de este fracaso. Basta darse una asomadita a los números rojos que nos han legado los últimos dos sexenios, uno panista y el otro priísta.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo dependiente de la Secretaría de Gobernación, esta década nos ha costado alrededor de 250 mil vidas. Vidas que sería estúpido suponer, como suponen algunos, estúpidos ellos, que son todos delincuentes y que por lo tanto, seguro merecían su muerte; no un juicio, no cárcel, no justicia. La muerte, venganza. Nos ha costado esta década colorada también una crisis brutal de desaparecidos. Más de 35 mil. Ahora las madres y las familias no pueden siquiera darle cierre al duelo, ni siquiera enterrar a sus deudos.
Y la verdad, que sale a cuenta gotas, es muy necia, y nos revela aunque sea poco a poco, que en muchos de los casos de ejecuciones, desapariciones, levantamientos, secuestros, extorsiones y demás actos deleznables, los victimarios son los que deberían servir a la patria y proteger a los ciudadanos. Hablo ni más ni menos que de los policías municipales, policías estatales, policías ministeriales, policías federales, militares y marinos. El claro y vivo ejemplo de esto es el caso Ayotzinapa, pero también Tlatlaya, pero también Tanhuato, pero también…
Y es en este contexto, triste contexto, en que priístas, panistas, verdes, neoaliancistas, los del Partido Encuentro Social y un que otro perredista, pretenden aprobar este martes 5 de Diciembre en el Senado de la República una ley que puede ser la peor noticia para la enclenque, tilica y desnutrida democracia mexicana. Estoy hablando de la Ley de Seguridad Interior.
Hace unos días en la Cámara de Diputados los prianardistas la votaron a favor y fue turnada al Senado para su «discusión». Hoy estamos parados justo en la orilla del acantilado a punto de que conviertan en el Senado a este país en una dictadura militarizada. Parece una exageración pero no lo es. ¡Veamos por qué lo digo!
La ley está mal hecha de principio a fin. La redacción es confusa, la sintaxis es pésima, pero lo más preocupante es que los conceptos centrales de la ley son de una vaguedad que permitiría meter en la caja de la «seguridad interior» cualquier cosa que al presidente se le ocurra. Un vidrio roto en una manifestación puede ser el pretexto perfecto para mandar al Ejército a reprimirla.
De esta manera, la ley en su artículo 15 perpetúa indefinidamente la presencia militar en las labores de seguridad pública. Mientras que en el artículo 16 se le dan a las Fuerzas Armadas todas las facultades de policías. Esto significa que militares y marinos podrán catear tu casa sin una orden judicial, podrán intervenir tu teléfono y escuchar tus llamadas, ver tus mensajes, etcétera.
Otro de los artículos que mayor preocupación ha provocado entre los defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones sociales es el séptimo, ya que este artículo, por su vaguedad, permitiría que los militares intervengan en manifestaciones, marchas o protestas que consideren, ELLOS, no pacíficas. Además, toda la información que se genere bajo las acciones enmarcadas en esta ley de seguridad interior será considerada confidencial y de «seguridad nacional», por lo que podemos irnos olvidando de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Y digo que de las principales preocupaciones que genera esta ley es que nos condena a lo que hemos vivido los últimos diez años, porque no se contempla en ninguno de sus artículos, apartados, incisos, el objetivo o la exigencia de que se fortalezcan las policías municipales y estatales.
Además, es una ley que pone en terrible riesgo a las víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas o ejecuciones en que hayan participado los elementos de las fuerzas armadas, ya que en el artículo 31 de esta aberración de ley se contempla que los militares y marinos podrán acceder a las carpetas de investigación abiertas de denuncias ante las comisiones de defensa de los derechos humanos por considerárseles información de «seguridad nacional».
Como se puede observar, esta ley instaura en México una dictadura militarizada. Es el momento en el que el orden civil se rinde ante el orden militar. En vez de procurar instaurar una política de paz que regrese a los militares a sus cuarteles, se decide normalizar un estado de excepción hasta hoy anticonstitucional.
Así las cosas, se los dejo de tarea.
Posdata: aquí les dejo el link de la ley para que la conozcan por ustedes mismos y acá para que firmen en Change.com en contra de su imposición.
Por Jano Valenzuela
Fotografía de Luis Gutiérrez / Norte Photo
Labores del Ejército Mexicano en la Sierra de Sonora
