Las calles oscuras: contrabando y traición


El sentido común y la honestidad intelectual no son el fuerte ni del gobierno ni de la protesta ciudadana en Hermosillo.

Es la tesis de Alejandro Valenzuela en su nueva entrega para CS


Con posiciones sobre la privatización como: “la concesión es la única salida para mejorar el servicio” (como dice el gobierno) o como “es un robo al pueblo producto de una traición” (como dicen los opositores), no se puede discutir porque parten, generalmente, de una visión en blanco y negro, del todo o nada. Sin embargo, el tema es muy debatible con el requisito de hacer un esfuerzo de honestidad intelectual y sentido común.

En términos generales, el mercado es mejor mecanismo de asignación de la mayoría de los bienes y servicios, pero la administración del estado es mejor en algunos pocos llamados típicamente “bienes públicos”.

Estos, los bienes públicos, son aquellos cuyo desarrollo y mejora se hace para todos o no se hace para nadie. Los casos típicos son la defensa, la seguridad pública y el sistema de justicia y la protección al medio ambiente. Hay otros que no son tan típicos y cuya inclusión requiera de una discusión. Este es el caso del agua potable y alcantarillado (los sistemas pluviales, en general), la luz eléctrica, la recolección y manejo de basura y, en mi opinión, el trasporte público urbano.

Lo que se puede hacer es administrar los bienes públicos con criterios, quizá no de rentabilidad, pero sí de desarrollo y sustentabilidad. Por ejemplo, el agua debe ser cobrada en lo que cueste llevarla a las tomas. Sin embargo, para seguir con el ejemplo, se le pueden aplicar tarifas diferenciadas, como la siguiente: para ayudar a los que menos tienen, se puede aplicar un precio muy bajo a los primeros tres metros cúbicos, incrementar sustancialmente el precio del cuarto y quinto metros e incrementar los precios de los metros posteriores, de tal manera que el dispendio tenga un costo creciente.

Ningún bien es cien por ciento privado, ni totalmente “público”. El caso de la luz pública es paradigmático. Se argumentó que la iluminación de Hermosillo estaba muy deteriorada y que eso era un factor multiplicador de la delincuencia. Si eso es cierto, uno se puede preguntar por qué, como lo ha mostrado Transparencia Mexicana, el gobierno municipal de Hermosillo se gastó en un año seis millones de pesos en publicitar las bondades de la privatización y tan sólo 250 mil pesos en el mantenimiento de la iluminación pública. Parecería ser que se buscaba deteriorar el servicio para justificar la privatización.

Como el gobierno tiene los recursos, pero no tiene una fábrica de lámparas, ni de cables, ni de postes, uno se pregunta por qué no se licitó la instalación del alumbrado para toda la ciudad y se dejó su mantenimiento y desarrollo en manos del municipio que es, teóricamente, el organismo que puede “ver” por todos.

Por el otro lado, el de los opositores, que ahora suelen abrevar teóricamente en esos grandes filósofos que son Los Tigres del Norte, las cosas se reducen al contrabando y a la traición. Para ellos no existe, si acaso existe, la convicción de que las cosas funcionan mejor en manos del sector privado. Puede ser, como ya quedó asentado, una convicción equivocada o que debe ser matizada, pero lo que no se puede poner en duda es que hay un cuerpo de teoría que defiende el funcionamiento privado de muchas actividades.

Me queda claro que dos factores, la falta de cultura de respecto a las leyes y la impunidad (esos males de los que se derivan todos los demás males en México), enmascaran cualquier análisis de la realidad (sobre todo para esas mentes claras pero pobres que andan por allí emitiendo llamados y denuestos), pero reducirlo todo al robo, al contrabando (de influencias) y a la traición (de los políticos) es una simplificación tan extrema que deja solamente dos opciones, a cual más inviable.

Vi y escuché un video que difundió Libera Radio sobre la reunión de los regidores del PRI con uno de tantos grupos contra el gasolinazo y puntos circunvecinos, y dos cosas me llamaron poderosamente la atención: primero, que para el movimiento opositor, la intención de los políticos no es la convicción de que su proyecto es mejor, sino que “se quieren robar una lana”. Es probable que sí (dada la impunidad y el desprecio a la ley), pero ese no debería ser el argumento central, sino la obligación del gobierno de gobernar, es decir, proveer y mejorar los bienes públicos. Quizá como argumento retórico, en medio de la lucha, esté bien, pero no es el mejor argumento, porque si al final alguna agencia de transparencia o de anticorrupción, le da al municipio un certificado de buena conducta, los opositores se quedarían en el desamparo argumental. (Aunque siempre quedará el recurso de “denunciar” el certificado si difiere de lo que pensamos).

La segunda cosa que me llamó la atención es que se dijera que la oscuridad no es un factor que fomente la delincuencia. En un artículo publicado por Gabriel Zaid el 29 de enero pasado en Reforma, donde delinea lo que para él deben ser los cinco puntos de un programa mínimo para combatir la inseguridad, propone (punto 5) la iluminación del país porque “las calles sin alumbrado son inseguras”. En la reunión con el cabildo, sin embargo, se dijo que la inseguridad no tiene nada qué ver con la oscuridad. Y peor, se dijo que en los pueblos no hay iluminación y que sin embargo no hay delincuencia porque, dicen, existe un supuesto “entramado social” que lo evita. El de la voz en el video dijo más: que el ejemplo de seguridad a pesar de la oscuridad ¡era Vícam!, mi pueblo, un lugar que se está pudriendo en el abandono porque existe allí una creciente y variada delincuencia organizada y desorganizada.

Debate aparte, estoy convencido de que el gobierno de la ciudad debe y puede, como lo ha hecho, seguir concesionando la compra de todo el material y el equipo necesario para la iluminación pública, pero nadie mejor que el gobierno (si es responsable, desde luego) para preservar el funcionamiento del sistema eléctrico en todas las localidades. El municipio tiene personal de sobra para atender el mantenimiento y la reposición de equipo y quizá el detalle (como dice Cantinflas) está en la reorganización del personal para que cumpla con sus funciones de manera rápida y eficiente. No me consta un caso directo sobre esa área de gobierno, pero una vez se produjo una fuga de agua en la toma de mi casa y después de tres días de llamadas llegó un equipo de siete personas a arreglar la avería. Fue un trabajo nada cansado porque en lo que uno trabajaba, los otros seis platicaban, y luego se turnaba… Si todo en el gobierno funciona así, es muy probable que la mala iluminación de Hermosillo (y de todo el país) se deba más a la ineficiencia y a la irresponsabilidad que a quién es el que presta el servicio.

Yo creo que los activistas contra esta privatización están ejecutando la micción al margen del recipiente apropiado porque lo que deben exigir es eficiencia, claridad, prontitud y equidad en el servicio de alumbrado público. Hay colonias que parecen arbolitos de navidad y otras que son la boca del lobo. No serviría de nada que se dé marcha atrás en la privatización si las cosas van a seguir como hasta ahora. Extraña que no hayan protestado antes por el mal servicio, y lo hagan ahora con la privatización, como si el único objetivo fuera imponer su punto de vista y no la solución del problema.

Por el otro lado, el gobierno del municipio está minando eso por lo que tanto lucharon y que estuvieron dispuestos hasta la ignominia por conseguirlo: gobernar. Con la privatización del servicio están mandando el mensaje de que no pueden gobernar. Sin importar quién haga los focos y quién instale los cables, deben cumplir con el mandato que solitos pidieron sin que nadie los llamara. Con esa propuesta (y la dilapidación del equipo y el dinero) parece ser que lo único que les interesa es imponer un punto de vista y no la solución del problema. Si acaso se sienten incapaces de cumplir con la encomienda, entonces, como dijera un clásico, que renuncien, que nadie los tiene allí a fuerzas.

Por Alejandro Valenzuela

En portada, aspecto de barrio en penumbras al sudponiente de Hermosillo.
Fotografía de Benjamín Alonso

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Acerca de

Alejandro Valenzuela es originario de Vícam, Sonora, un pueblo muy feo pero que tiene buen lejos. Si uno lo ve a la distancia, digamos desde lo alto del cerro del Omteme, es un lugar hermoso donde el verde intenso de sus árboles, como de fantasía, resalta en el marco de un vallecito de ensueño que se prolonga hasta una cordillera de montañas que de lejos parecen azules. De cerca es un pueblo feo, polvoriento y reseco, de calles intransitables y casas construidas con una arquitectura sin gracia. Vícam se está pudriendo en el abandono porque está pagando, pidiendo permiso para todo, el pecado originario de entrar sin permiso en territorio yoreme. Es profesor-investigador en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora en Hermosillo, donde imparte los cursos de ingeniería económica, costos en ingeniería, estadística y probabilidad, econometría y teoría económica (microeconomía y macroeconomía). Es el director del Vícam Switch, medio de comunicación de las comunidades yaquis, medio que tiene la misión de contribuir al logro de una sociedad de personas iguales, tolerantes y respetuosas conviviendo en una región con usos, costumbres y leyes propias. Busca que se respeten los intereses culturales, históricos, sociales, políticos y económicos de todos los habitantes, hombres y mujeres, yaquis y yoris. Alejandro Valenzuela aprendió lo poco que sabe en las escuelas primarias Benito Juárez, de Bácum, y Florencio Zaragoza, de Singapur; en Vícam, en Secundaria Federal Lázaro Cárdenas y en el CBTA 26; en la Ciudad de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y en UAM-Xochimilco; en El Colef, de Tijuana; en la University of Connecticut, en los Estados Unidos, y en El Colson, en Hermosillo. (Autopresentación)


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