Aarón GragedaEste día 3 de septiembre tuve la oportunidad de atender una invitación que me hicieron en calidad de testigo e intérprete, Tom Haek y Bernardo Serrano, miembros responsables de la Unidad de Observación y Unidad de Fortalecimiento Institucional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para asunto de afectaciones por prácticas de corrupción, cometidas contra comunidades sociales, ejidales y grupos étnicos.
La cita fue en el Hotel Fiesta Americana, a la salida de la ciudad de Hermosillo, y mi entrada al recinto no hubiera sido posible sin la representación que me fue otorgada por los miembros de las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis de Pótam, Huírivis y Tórim.
Entrada a la reunión con representantes del grupo de trabajo de la ONU (Tom Haek de espalda).
Con ese respaldo fue posible coincidir en dicha reunión con víctimas de abusos de autoridades federales y tribunales, personas afectadas en salud por el derrame de desechos tóxicos en el Río Sonora, víctimas de los procesos extractivos en la sierra de Durango, y una amplia lista de grupos residentes en el noroeste de México, quienes tienen en común que no han sido indemnizados por las compañías transnacionales, ni por supuesto desarrollo industrial que trae para la población un capitalismo sin escrúpulos.
Dante Pesce (izquierda) junto a Gobernadores y secretarios yaquis
Puntuales a la cita, en una sala a punto de reventar, cada una de las entidades y personas participantes recibió el saludo de Dante Pesce, miembro del Grupo de Trabajo sobre los Problemas de Derechos Humanos y las Corporaciones Transnacionales (OHCHR, por sus siglas en inglés). Después de la identificación individual por grupo que prosiguió, todos y cada uno de los representantes que se dieron cita expusieron cómo la corrupción, en alianza con las prácticas jurídicas en tribunales y juzgados en México, han estado afectando los derechos a la subsistencia económica y cultural de muchas poblaciones del país.
Así se enunció el caso de la afectación a los yaquis, la falta de consulta libre, previa e informada para los proyectos transfronterizos y regionales; lo mismo que la construcción de viviendas con materiales tóxicos; la contaminación por químicos usados en la minería y depositados en el subsuelo; la inutilización de tierras por excesos de pesticidas y técnicas de tratamiento genético en campos de Sonora, etcétera.
No es mi intención en estas páginas hacer un recuento pormenorizado de los escalofriantes casos que la corrupción, la falta de transparencia informativa y la discrecionalidad con la que se toman decisiones en los juzgados ha traído consigo. Me interesa solamente, hablar de la experiencia exitosa, de la que Pavel Sulyandziga habló a los asistentes y de cómo ella representa una enseñanza para muchos sonorenses.
Pavel es originario de una población rusa denominada Primorsky y en sus primeros años de vida profesional se desempeñó como maestro matemáticas en el nivel básico, ello durante los últimos años del régimen comunista [1].
actualmente miembro de la Cámara Civil de la Federación Rusa, la cual forma parte de la Asociación Rusa de Pueblos Originarios de Siberia y el lejano Este. Posteriormente, colaboró en los esfuerzos de preservación cultural emprendidos por el Eurasian Club, con sede en Japón, desde donde tuvo una destacada participación como activista. Precisamente de ello es que deseo rescatar una anécdota que contó a todos los asistentes.
Considerando el hecho, de que el común de las participaciones versaba en torno a que en México no existe el estado de derecho y que las grandes empresas transnacionales sobornan a gobernantes, juzgados y tribunales para sacar adelante sus proyectos destructivos, mencionó como pudieron ellos, en Rusia, superar esta crítica situación.
El caso ruso que enunció pudo haber sido sacado de México: hace aproximadamente una década, señaló, una empresa de explotación de minerales se asentó sin permisos de impacto social y ambiental, junto a un pueblo serrano en Siberia. Las extracciones de mineral que empezaron a efectuar, primero otorgaron bajos salarios a la población, pero inmediatamente empezaron a causar afectaciones al agua potable, a las edificaciones existentes y con ello dio paso la contaminación acústica, de los mantos acuíferos y del medio ambiente, incluido el ruido de las explosiones que llevaban a cabo.
Como es lógico suponer, al escalar los problemas de la población con la compañía, se inició con la defensa jurídica de los derechos y la solicitud de retiro y pago de las afectaciones al medio. Desgraciadamente, como también es de suponer, la compañía minera sobornó a los jueces y representantes del sistema judicial, al grado que se extraviaron los expedientes en los tribunales, no se acataron las resoluciones y se estaba en una condición de indefensión jurídica. Lo que es más: en muchas ocasiones las autoridades generaban mandatos vinculatorios a las empresas, para usarlos como testimonio en las cortes y mostrar que ellos sí estaban trabajando. Éstas nunca se comunicaban a la compañía. “El peso de la corrupción hace a la gente muy ingeniosa”.
“Esto puede resultarles muy familiar”, señaló Pavel, pero estamos hablando del otro lado del mundo, de Rusia. La pregunta que él mismo se formuló fue la siguiente: “¿En esas condiciones de indefensión, qué podíamos hacer sino dar la lucha por perdida?”. Por fortuna ello no paró ahí. Pavel señala cómo, quienes se resistía, tuvieron que, para revertir esa situación, brincarse al estado ruso e ir directamente a afectar los intereses de la compañía. En este punto, el caso para México parecería estar cosido a sastre.
“Ante tal situación, los compañeros no nos dimos por derrotados sino que reunimos evidencia y mandamos la información de las afectaciones, la destrucción del ecosistema, las víctimas mortales y la desaparición de asentamientos a los propios accionistas en Canadá”. Ello no es un asunto de moral sino de mercado. Pavel Sulyanziga se explica: “No es que a los accionistas canadienses les dé lástima ver como mueren o se contaminan por sus negocios otros pueblos que ni siquiera saben que existen, se trata de la salud, pero la de sus negocios, me explico”.
La tesis y recomendación que Pavel extiende es la siguiente (lo grabé en mi iPad para poder transcribirlo a Crónica Sonora): “Cuando los accionistas ven cómo su CEO maneja los asuntos en el extranjero, lo primero que se preguntan desde sus hogares y ante sus familias, es cómo les va a afectar eso en el precio de sus acciones; es es el temor que tienen y ese es el pánico de todo CEO cuando lo llaman anualmente a rendir cuentas”.
Entonces, reza la tesis de Pavel: “Este asunto no termina en tribunales, sino en el extranjero, cuando se hace saber a todos los accionistas los irremediables daños que a sus negocios ocasiona una mala publicidad por contaminaciones ambientales, destrucción de entornos familiares, encarcelamiento de activistas y mala imagen a la empresa”. En su visión: “Sólo así, brincándonos con apoyo de otras ONGs, el ámbito de la justicia nacional y sus sofisticados mecanismos de dilación, simulación y tolerancia al crimen, es como llegaremos a solucionar la parte medular de nuestros problemas con el desarrollo”.
Reporte de prensa sobre actividades del grupo de trabajo de la ONU
Con esa facilidad, no sin el uso del intérprete, Pavel Sulyanziga explica cómo la lucha contra la corrupción transnacional tiene también una vía de solución financiera y jurídica transnacional. En este último sentido recomienda: “Nosotros demandamos, no en Rusia, sino en Canadá a la propia compañía. Allá afectamos su imagen, documentamos sus faltas éticas y ambientales a la tranquilidad de nuestros pueblos”.
El mensaje no podía estar más claro y se resumía en que el asunto del combate a la corrupción no tiene nacionalidad, como tampoco lo tiene el capitalismo sin escrúpulos. De hecho, la condición global en la lucha a la corrupción es hoy en día, para los organismos defensores de los derechos humanos, una variable determinante.
Entrega de información sobre resoluciones jurídicas no atendidas en las afectaciones a grupos indígenas sonorenses, por el empresariado transnacional
No pasaron cinco días, sin que el grupo de trabajo de la ONU emitiera su opinión respecto a las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones ejidales, comunitarias y étnicas. Dejo aquí el enlace para los amables lectores:
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/20160907_EOM_Mexico_FINAL_SPA.pdf
Creo no obstante, que la historia de vida de Pavel Sulyanziga es un ejemplo de la lucha por un desarrollo ético, ambientalmente responsable y digno de considerarse actualmente en la reflexión que, tanto académicos como participantes en la construcción de una ciudadanía responsable, debemos considerar al pensar y enseñar a nuestros alumnos sobre temas como transparencia, combate a la corrupción y defensa de los derechos humanos.
Por Aarón Grageda Bustamante
Referencias
[1] http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Members.aspx
