Antonio BarragánUna reflexión general sobre el fenómeno que nos azota en la pluma de Antonio Barragán, flamante colaborador 🙂
El modelo de casos aislados que por mucho tiempo figuró como una de las formas oficiales explicativas predilectas de la “narco-violencia” ha perdido totalmente su utilidad, ya que en la actualidad la región atraviesa una de las crisis más graves y profundas en materia de seguridad pública y de derechos humanos, como lo han venido evidenciando las constantes rupturas de la violencia tradicional en términos cualitativos y cuantitativos, pues nunca se había matado (desaparecido, tiroteado, amenazado, captado en video, etc.) a tanta gente de las formas en que se ha venido haciendo.
Explicar las causas de la violencia y la delincuencia requiere un esfuerzo intelectual que aborde sus distintas dimensiones considerando la naturaleza compleja del fenómeno. En esa vena de análisis, la sociología de los últimos cuarenta años ha superado aquella visión que proponía abordar a los individuos y a la sociedad de forma inconexa, siendo que no puede comprenderse a una sociedad sin personas ni viceversa, pues de algún modo todos estamos constreñidos a las fuerzas sociales y culturales, a la vez que son los individuos y sus acciones lo que modifica el curso de la sociedad, de modo que la realidad social carece de estática, está siempre en movimiento y obedece a marchas históricas.
Ante ello, la situación que experimentan algunos municipios como Guaymas, Empalme, Cajeme, Caborca, Hermosillo, San Luis Rio Colorado o Magdalena de Kino no responde únicamente a una “guerra entre organizaciones criminales”, pues si sólo nos enfocamos al aspecto delictivo nos perderemos para entender el proceso del ciclo de violencia que afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero reconociéndose que afecta más a unos que otros, como lo son hombres jóvenes de estratos bajos. Y que en el ejemplo de un asesinato, entra en operación un conjunto de elementos que bordean a dicha tragedia, como los trámites y rituales burocráticos, religiosos y civiles, además de los significados que acarrea para las familias, amigos y conocidos del afectado, es decir, la violencia no sólo produce afectaciones individuales que como aparecen – desaparecen. La violencia se reproduce en una red de interdependencias prestablecidas, donde se asienta, las impacta y las modifica. Además estas formas emergentes de delincuencia representan una parte inacabada del proyecto pacífico de la sociedad moderna, citando al sociólogo alemán Norbert Elías.
De ese modo, la llamada “guerra de cárteles”, además de carecer de una designación precisa (conflicto criminal, guerra civil, insurgencia, lucha, pelea, ajustes de cuentas, justicia privada, etc.), parece ser un conflicto con la posibilidad de afectar segmentos importantes de la sociedad, y que sin los mismos, una teoría del crimen organizado no sería posible, pues fenómenos delictivos de este tipo no pueden captarse cabalmente sin las dimensiones políticas, empresariales, civiles y estatales con las que se entrelazan las estructurales criminales, y cuya violencia exacerbada, como en este caso, trasciende de forma importante al propio desarrollo socio-histórico de las comunidades donde se reproduce.
Para esto debemos entender que la violencia es un fenómeno complejo, donde muchas de las definiciones de Violencia utilizadas por la academia recuperan de algún modo la conceptualización mayormente aceptada de la Organización Mundial de la Salud (2002), quien entiende a la Violencia como “eluso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones […] comprende violencia interpersonal, comportamiento suicida y conflictos armados”.
En ese sentido, la “narco-guerra” comprende en términos simples una situación de la sociedad donde se presentan una serie de eventos disruptivos en las que intervienen principalmente fuerzas criminales y del estado: enfrentamientos, tiroteos, ejecuciones, desaparición forzada, exposición pública de mensajes clandestinos, asesinatos de policías y de agentes gubernamentales, amenazas a civiles e instituciones estatales, descubrimiento de cuerpos, fosas clandestinas, etc. Ello en su dimensión directa y tangible, también traducible a una dimensión indirecta o simbólica, como lo son la influencia en el sentimiento de inseguridad ciudadana, miedo, temor o terror social, así como el impacto en las rutinas diarias, incertidumbre, e impunidad. Sin contar los impactos económicos, civiles e institucionales, como las alertas de viaje emitidas por EUA, renuncias y despidos masivos de policías y titulares de instituciones de procuración e impartición de justicia, marchas por la paz y las distintas formas de organización de víctimas. Todo ello son ejemplos de lo que se ha venido experimentando en la región en los últimos años.
La llamada “narco-guerra” o violencia criminal organizada responde a un fenómeno que no involucra respuestas fáciles. Para Sinisa Malasevic, uno de los más prominentes estudiosos del conflicto contemporáneo, es propiamente la violencia organizada uno de los fenómenos que más relevancia y cambios han trascendido en la composición de las sociedades, y sin ella definitivamente no podríamos entender la época moderna tal como la conocemos, y contrario a lo que algunos pensadores plantean, el siglo XX ha sido una de las épocas más letales de la historia de la humanidad: guerras entre e intra estados, insurgencias y revoluciones. Así pues, la guerra contra las drogas se configura como uno de esos grandes conflictos sociales, que indudablemente acarreará cambios profundos en la estructura social de las generaciones venideras.
Al respecto, importantes académicos en la materia como Luis Astorga se refieren a la situación experimentada desde 2007 como uno de los efectos de la transición democrática, tras siete décadas de dominio Priista en México, argumentando además de que las estructuras del narcotráfico nacieron y crecieron subordinadas al poder político. Por lo que debemos recordar que el crimen organizado, y su variante más notoria el tráfico de drogas, tiene más de cien años de reproducción en nuestro país, pues esas formas de delincuencia organizada se han desarrollado (logística, administrativa y militarmente) a la par de las estructuras estatales. Siendo que la fragmentación del poder político impactó las bases que daban soporte a un modelo más o menos pacífico entre las organizaciones criminales (y sus entrelazamientos) como ha venido sucediendo desde los noventas (recordemos la primer gran “guerra de cárteles” sucedida entre las organizaciones de Tijuana y Sinaloa).
Retomando el modelo de casos aislados, Sonora había permanecido en relativa calma durante los sexenios pasados, refiriéndosele como el Estado fronterizo más seguro. Pues durante los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Guerrero figuraron de entre las más violentas. Sin embargo, al igual que Guanajuato, Sonora ha experimentado abruptos cambios en la dinámica criminal organizada y su violencia en los últimos años, ya que si bien se habían presentado episodios de violencia como en Tubutama, Cananea, Nogales y Sonoyta durante la década pasada, estos significaron capítulos de violencia no generalizada ni persistente.
En ese contexto, el conflicto más agudo de la entidad se encuentra en Cajeme, el cual tiene más de diez años de antigüedad, y como resultado de un paulatino proceso de agudización de la violencia actualmente se posiciona como la cuarta ciudad más violenta del planeta. Es allí donde se asesinan a más personas en todo el estado, pues según datos estadísticos de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, durante 2019 se cometieron 327 homicidios dolosos en dicho municipio, 226 en Hermosillo, 107 en Guaymas, 98 en San Luis Rio Colorado, 78 en Nogales, 69 en Empalme y 32 en Caborca. Si bien el homicidio es sólo una parte del fenómeno de la violencia criminal organizada, se considera una de las variables más confiables para entender la dinámica delictiva en una región. Así también, cada una de las localidades donde se concentra el fenómeno, así como los tipos de violencia, la relación con las diversas esferas, estratos y segmentos de la sociedad requieren de un análisis minucioso aparte.
Decía el sociólogo francés Emilie Durkheim en su libro clásico “Las reglas del método sociológico” que la criminalidad es un fenómeno normal, pues aparece en toda sociedad, pero también creía que debía presentarse en cantidades aceptables y soportables para los grupos sociales, convirtiéndose en anormal cuando esta rebasaba niveles exagerados. Desde esa perspectiva orgánica (ver a la sociedad como un organismo), la realidad de muchas localidades y sobre todo en Cajeme obedece a una situación patológica del cuerpo social.
Para finalizar, “La sociedad ha aprendido a convivir con la violencia criminal organizada” es una frase que describe bastante bien ese estado de cosas, puesto que a pesar de las vastas formas de perjuicio, la violencia no ha logrado sucumbir en su totalidad a la sociedad que la padece. Dicha crisis responde a procesos de largo alcance, y de esa misma suerte en un modo inverso tomará salir de la misma. Ello no es para nada alentador sobre todo para quienes gustan de remedios rápidos cuasi-mágicos, pero el reconocer la dimensión del problema es un primer gran paso en la iluminación de una de las épocas “más oscuras” para la paz en Sonora.
Por Antonio de Jesús Barragán Bórquez
Fotografía de Marco Ugarte / Associated Press
