Aarón Grageda
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Combate a la corrupción: una panorámica
La resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitida el 31 de octubre de 2003, designó al 9 de diciembre como Día Internacional Anticorrupción. Lo anterior, con la idea de despertar en la gente de todo el orbe, la conciencia en torno al grave problema de la corrupción y sobre la función que las diferentes naciones deben tener para combatirla y prevenirla (1).
Es difícil imaginar que cada año se paga en el mundo un billón de dólares en sobornos; de hecho se calcula que corruptos roban 2.6 billones de dólares anuales mediante transacciones desviadas de la norma. Esa suma equivale a más del 5% del producto interno bruto mundial; es decir, los bienes y servicios que cinco de cada cien personas producen en todo el planeta durante el año se dilapidan por la corrupción.
Por si no nos queda claro el tamaño del problema, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo (2). Por eso existe una relación perversa y directa entre corrupción y vulneración de los Derechos Humanos. Entre más corrupción, menos atención a las necesidades básicas del ser humano: alimentación, salud y acceso a la educación.
Con motivo de que esta semana conmemoramos el día internacional de la lucha anticorrupción en México, deseo contribuir con un balance de lo que actualmente se está haciendo en el país al respecto. No encuentro más oportuno para ello, que hacerlo ofreciendo al lector un diagnóstico (muy panorámico) del avance y resistencias que en el interior de la República Mexicana se tiene respecto a la integración de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Este diagnóstico, deseo advertir, sólo puede ser «una instantánea», como entenderán todos aquellos que, como yo, nacimos en los setenta y conocimos la fascinación de la cámara instantánea Polaroid.
Entrando en materia
En las siguientes líneas, otorgando primeramente los créditos correspondientes a quienes realizaron la ardua tarea de compilar por entidad federativa la información que aquí se presenta [*], retomo datos vertidos de prensa estatal en línea. Con fines estrictamente explicativos, dividiremos la etapa de arranque de los sistemas anticorrupción en las diferentes entidades federativas en tres momentos; a saber, I) la integración de las comisiones de selección, II) el nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana y, finalmente, III) la designación de Secretario Técnico, brazo articulador de los sistemas anticorrupción en cada uno de los estados.
Recordemos, antes de explicar el panorama nacional, que los sistemas locales anticorrupción son “espejo” o entidades par del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sólo que éstos poseen jurisdicción estatal y fueron adaptados a los marcos normativos según estado. El nombre con el que se conocen es: sistema anticorrupción locales o estatales.
I Integración de Comisiones de Selección
La forma con la que se inicia en los hechos la integración de los sistemas locales o estatales anticorrupción, es con el nombramiento de las Comisiones de Selección. Éstas se integran por nueve miembros y tienen como función principal designar a las cinco personas que conformarán a su vez los Comités de Participación Ciudadana en los Estados.
Un monitoreo exhaustivo de los diferentes estados del país, muestra que 5 de las 31 entidades federales ni siquiera han emitido convocatoria para la integración del Comité de Selección.
Su atraso es incomprensible, si se parte del hecho de que por mandato constitucional los estados debían tener integrados los órganos que conforman los sistemas locales anticorrupción a más tardar el 18 de julio de 2017.
Nos referimos a entidades como Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz. El Congreso de esta última entidad, nacionalmente conocida por el escandaloso caso de corrupción del su exgobernador, tiene hasta 30 días a partir del 11 de noviembre para emitir convocatoria.
Numeralia anticorrupción diciembre 2017
Número de entidades que aún no tienen Comisión de Selección: 5 (Campeche, CDMX, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz).
II Nombramiento de Comités de Participación Ciudadana
La situación de las entidades que aún no tienen su Comité de Participación Ciudadana es todavía más crítica. De las 31 entidades federativas, 20 no cuentan aún con el máximo órgano ciudadano encargado por ley de articular los esfuerzos anticorrupción. En casos como Aguascalientes, se espera la designación del CPC del 16 al 30 de enero de 2018. En Baja California Sur se recibirán aspirantes a dicho órgano hasta el 15 de diciembre. En Colima se nombrará el CPC, a más tardar el 22 de diciembre de este año. En Guanajuato toma posesión el CPC este 5 de diciembre, quedan pendientes aún: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Tanto Yucatán como Zacatecas deben nombrar sus CPCs el 18 de diciembre y el 19 de enero respectivamente.
Numeralia anticorrupción diciembre 2017
Número de entidades federativas que al día de hoy no tienen nombrado aún su CPC: 20, entre ellas Veracruz, Chihuahua y Sinaloa.
III Proceso de designación de Secretario Técnico
Se inicia en los hechos con las tareas de creación de política pública anticorrupción, de su medición, prevención, detección y creación de plataforma digital, una vez elegido el o la Secretario Técnico del sistema local. La “instantánea” en el interior del país muestra al día de hoy que sólo en tres entidades se cuenta con Secretario Técnico ya designado, estas son: Coahuila, Durango y Querétaro. En entidades como Sonora se tiene previsto el nombramiento de él o la Secretario Técnico para la segunda quincena de diciembre de este año.
Numeralia anticorrupción diciembre 2017
Número de entidades federativas sin Secretario Técnico de su sistema anticorrupción: 28
Una “instantánea” para el 2018
Hay entidades, las menos por cierto, donde el avance en la integración de los sistemas locales anticorrupción caminan con más celeridad y otras, aún menos, donde ha sido posible montar a la sociedad civil en el armado de los mismos. No obstante, entraremos al 2018 sin Fiscal General en el país, sin magistrados anticorrupción ratificados por el Senado y sin Fiscal Anticorrupción. De ahí el tono pesimista o de “exceso de realismo” de académicos como Juan E. Pardinas, quien afirma en entrevista para el New York Times, ver de plano quebrado el sistema.
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No me queda en este breve balance de fin de año, sino invitar a renovar el esfuerzo, sumar sociedad civil y trabajar arduamente para que poco a poco podamos ir reduciendo los indicadores, la experiencia y expectativas que la corrupción abre a sus practicantes. Ello, por cierto, antes que llegue un mesías en julio de 2018 y decida dar un golpe al tablero de este complicado ajedrez nacional.
[*] Agradezco la colaboración y los datos proporcionados para este artículo a los consultores y asistentes de CHECCI MSI. Las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente particulares del autor del mismo y no tienen relación alguna con terceros involucrados directa o indirectamente en la elaboración del mismo.
