Isabel NaranjoDesde Colombia, Isabel Naranjo nos ofrece un análisis sobre un proceso de paz que se hace eco en toda la América Latina
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Sin superar todavía la desazón provocada por los resultados del plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre con el que se buscaba refrendar los acuerdos de paz firmados por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), escribo estas líneas con la intención de elaborar una reflexión acerca del panorama actual y las expectativas respecto al futuro de las negociaciones.
El pasado 26 de septiembre, el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos, junto a Rodrigo Londoño Echeverri –alias Timochenko— actual comandante en jefe de las FARC-EP, firmaron el Acuerdo Final de Paz después de cuatro años de negociaciones. Con la presencia de varios jefes de Estado de la región y diversos representantes de la comunidad internacional, la ceremonia estuvo signada por el entusiasmo y la esperanza; la firma ponía fin a 52 años de conflicto y daba inicio a un largo proceso de construcción de una paz “estable y duradera” –según los términos de la campaña oficial—. Pese a que desde el punto de vista legal y constitucional no fuese necesario la aprobación popular para que los términos del acuerdo entraran en vigor, el presidente Santos insistió en convocar un plebiscito mediante el cual la población colombiana tuviera la oportunidad de refrendar las decisiones tomadas en la mesa de negociación. En las jornadas electorales llevadas a cabo el domingo 2 de octubre los votantes, por un margen de 0,5%, rechazaron el acuerdo de paz.
Estos resultados colocan en vilo el cese al fuego pactado entre las fuerzas militares y las FARC y paralizan algunos adelantos alcanzados en la entrega y desmovilización de niños y jóvenes enrolados en las filas guerrilleras. Entre las diversas causas que llevaron al triunfo del No en las urnas, el alto índice de abstención electoral fue una de las que mayor impacto provocó entre la opinión pública internacional. La baja participación en los procesos de elección democrática fue siempre una constante en Colombia, hecho que sin duda tuvo una lamentable incidencia en el desenlace de este plebiscito. El rechazo a los términos del acuerdo, sin embargo, tienen una fundamentación todavía más preocupante que la abstención en las urnas y está, a mi modo de ver, asociado a la existencia de una ética que sólo concibe el diálogo con la diferencia en la aniquilación de la misma y el ejercicio de la política a través del uso de las armas. La intolerancia y la incomprensión de la alteridad se mezclan con una torpe mezquindad que ignora por completo la construcción colectiva. Evidentemente, la aprobación de los acuerdos mediante plebiscito no acabaría de plano con esta realidad, mas permitiría dar inicio al largo y necesario proceso de reparación a las víctimas que mayoritariamente votaron por el Sí.
La campaña por el No liderada por el Centro Democrático, partido político de derecha que tiene como adalid al ex presidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez, a la que se unieron representantes de las iglesias cristianas y evangélicas y figuras de los sectores más conservadores de la política colombiana, tuvo como características principales la desinformación y la implantación del miedo. Esta última afirmación, fue poco días después confirmada por las revelaciones del gerente de la campaña Juan Carlos Vélez Uribe[1] en las que evidencia las estrategias utilizadas entre los diversos estratos sociales y segmentos regionales del país. Soslayando la explicación de los puntos más relevantes del acuerdo, la campaña apeló a la indignación que podía provocar la diseminación de información falsa sobre la designación de subsidios por parte del gobierno a guerrilleros desmovilizados o sobre la posibilidad de que Colombia se asemejara a Venezuela después de la aprobación de los acuerdos entre otras falacias. Además de exponer las deshonestas maniobras de manipulación y confusión, Juan Carlos Vélez suministró una lista con sus principales financiadores entre los cuales se cuenta la Radio Cadena Nacional (RCN), uno de los medios de comunicación más poderosos del país. El caótico escenario planteado por esta campaña de desacreditación y desprestigio del proceso de paz y su culminación en la redacción del acuerdo final, tuvo acogida entre diversos sectores de la opinión pública hecho que se cristalizó en los resultados de las votaciones.
Con todo, es necesario realizar un examen que considere los errores cometidos por los portavoces de la campaña oficial y las adscripciones de parcelas de la población que sin oponerse necesariamente a los términos del acuerdo, discrepan de las prácticas y formas del gobierno de Juan Manuel Santos. El bajo índice de popularidad del cual goza el Presidente, sin dudas pasó cuenta de cobro durante la realización del plebiscito, el cual fue visto como oportunidad para manifestar el descontento por el incumplimiento de pautas que contemplen el atendimiento de comunidades afectadas por inclemencias climáticas y de corporaciones que esperan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno.
De otro lado, los diversos grupos comprometidos con el triunfo del Sí en las urnas, desde los movimientos sociales y estudiantiles hasta los estamentos gubernamentales, desarrollaron actividades pedagógicas que lejos de convencer a la población sobre la importancia de alcanzar un resultado positivo, saturaron y desorientaron a un público ya de por sí abrumado por la extensión de un texto final de 297 páginas plagado de figuras jurídicas que demandaban una explicación a un lector menos familiarizado. La campaña estuvo centrada fundamentalmente en las grandes ciudades donde los flagelos del conflicto armado han tenido consecuencias menos devastadoras que las sufridas por las zonas rurales del país, y donde el desprecio por las FARC se ha visto incrementado en los últimos años, justificando o haciendo caso omiso de los desmanes y crímenes cometidos por grupos armados paramilitares que surgieron y se fortalecieron en alianza con sectores de la clase política.
El descrédito que sufren las FARC, en buena medida alimentado por el tratamiento dado a su responsabilidad en el conflicto por los grandes vehículos de comunicación colombianos[2], ha generado desconfianza en el éxito del proceso y contribuido a reforzar la creencia en la posibilidad de acabar con ellas por medio de la lucha armada. Por supuesto, uno de los puntos del acuerdo que más polémica y rechazo causó entre la población, es el que se refiere a la participación política de las FARC y otras fuerzas de oposición como parte de un proyecto de ampliación democrática, en aras de construir y consolidar la paz en el marco del fin del conflicto[3]. Los compromisos asumidos por el gobierno en la elaboración de este punto, estaban enfocados en la extensión de garantías para el ejercicio seguro de la política dentro de las instituciones democráticas, contemplando a los sectores más vulnerables de la población y creando mecanismos de control y promoción que velasen por la transparencia en los procesos electorales.
También entre las figuras políticas involucradas en la campaña que rechazaba los acuerdos de paz, algunas de ellas grandes propietarias de tierras, el punto que planteaba una “Reforma Rural Integral” generó inquietud y propagó el temor de que en su propósito de reestructurar al campo, democratizando el acceso a la propiedad rural a partir de la creación del Fondo de Tierras de distribución gratuita, se pusiera en marcha la expropiación masiva de sus dominios rurales.
A pesar del avance que en materia de justicia transicional representa la creación de una aparato jurídico centrado en el resarcimiento a las víctimas del conflicto, que al combinar mecanismos judiciales que benefician la investigación y la sanción inaugura una concepción extensa y no taxativa de las penas o castigos que deberán ser cumplidos por quienes hayan incurrido en la violación de derechos humanos; los detractores de los acuerdos insistieron en una distorsión interpretativa y tal vez mal intencionada, que apuntala la falsa idea de total impunidad a guerrilleros que se acojan a los términos de la negociación. En ese mismo orden, las facciones religiosas arremetieron contra el enfoque de género asumido por el acuerdo final, a través del cual se reconoce la necesidad de reparaciones históricas que observen las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, alegando la imposición de una “ideología de género” nociva a los valores cristianos y con efectos devastadores para la familia tradicionalmente concebida.
Así pues, la conjunción de apatía, desinformación y pasiones manipuladas no dejaron ileso el acuerdo a partir del cual se daría inicio al largo proceso de construcción colectiva de la mancillada, mas no por eso menos deseada paz. La presión por la reanudación de las negociaciones y por la inmediata ratificación de los acuerdos que ha llevado a miles de ciudadanos a las calles, aunada a la concesión del Premio Nobel de la Paz el pasado 7 de octubre al Presidente Juan Manuel Santos, encienden la esperanza en torno a la imperiosa necesidad de transformar la realidad colombiana y nuestra forma de pensar y hacer política. Que el paso de los días y la dilatación de los plazos no desinflamen el deseo conjunto de reconciliación y reparación.
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-perfil-de-juan-carlos-velez-gerente-del-no/498037
[2] http://www.las2orillas.co/de-por-que-odiamos-a-las-farc-y-no-tanto-a-los-paras/
[3] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 30-49 pp. https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
Por Isabel Naranjo
Fotografía de Ariana Cubillos / AP
