Javier MejíaLa locomotora del proceso descivilizatorio avanza a toda velocidad. Una gran parte de los pasajeros siguen inmersos en la fantasía productiva. Los más afortunados, corren a toda prisa detrás de la zanahoria que sostiene el capital. ¿Quién podría juzgarlos? ¿De qué otra manera proteges a los tuyos en un mundo abusivo donde ser pobre es un riesgo mortal latente? Otros, los que no tienen opción, caminan desahuciados por la ruta de la precariedad laboral. Apenas sobreviven. Nuestra línea de trabajo nos muestra algunos abusos que cotidianamente suceden en diversos ámbitos de la vida humana.
Sociedades anónimas bursátiles con operaciones transnacionales, que tienen como política despedir a mujeres que resulten embarazadas. Cuando estas empresas son demandadas, obstaculizan los juicios por años, niegan su responsabilidad, con la intención de que la espera resulte en desesperación y necesidad para la afectada. Con ese antecedente logran “acuerdos” abusivos. Aún cuando pierden, piden negociar.
Gigantescas empresas de telecomunicaciones que a través de la figura del outsourcing mantienen a cientos de hombres trepados en postes de más de tres metros de altura sin seguridad social; no cumplen con la mínima obligación de inscribir en el seguro social a quienes con su trabajo los hacen millonarios.
Call centers que “renuevan” contrato cada año para evitar que los trabajadores generen antigüedad. Además, el hostigamiento laboral comienza el día que te presentas a firmar tu contrato, por que si realmente necesitas el trabajo, no tendrás problema con firmar además, tu renuncia.
Bancos que se deslindan de la responsabilidad que tienen con sus usuarios de proteger el dinero que se les confía. Se lavan las manos ante retiros hechos de las cuentas de sus usuarios en base a maquinaciones fraudulentas. Estas pérdidas patrimoniales solo podrán ser recuperadas vía juicio. Claro, la mayoría de las personas no tienen ni el conocimiento, ni la actitud, ni los recursos necesarios para iniciar una defensa legal. Esa es la apuesta bancaria.
Ministerios públicos que extorsionan a quien es sorprendido respirando profundamente su medicina cannábica en algún espacio público. Nueve gramos son suficientes para amenazar con llevar a juicio a un joven lavaplatos, que angustiado, ofrece sus ahorros de un año para acabar con el problema.
Administraciones municipales que con el pretexto de brindar “soluciones” de corto alcance tales como el bacheo, deciden enajenar espacios públicos destinados a la recreación y desarrollo de áreas verdes para la infancia hermosillense. Una visión económica que desestima el valor intangible que brinda un espacio público.
Empresas “verdes”, dedicadas a la instalación de paneles solares que para aligerar la carga de laborar todo el día bajo el sol, ofrecen cannabis a sus trabajadores. Una vez terminado el trabajo, la empresa despide a sus trabajadores bajo la causal de concurrir a la empresa bajo el influjo de narcóticos. Patético.
Trabajadores del sector salud del gobierno del estado que por años han estado trabajando “por contrato”. Cada cierto tiempo se les “renueva”. No generan antigüedad, no tienen derecho a seguridad social. “Prestan su servicio” por “honorarios asimilados a sueldos”, no son empleados, pero cumplen horario y están bajo la subordinación de sus empleadores. Ahora, durante la pandemia, están en la línea de fuego, asistiendo a nuestros enfermos, arriesgando su pellejo y el de su familia.
Es claro que la enfermedad que azota nuestra comunidad, va más allá de una pandemia. Las sociedades de consumo promueven para la mayoría un sistema de escasez y competencia amoral, centrado en lucrar a partir de la opresión del semejante y de la destrucción del medio ambiente. Lo bueno, que cuando más oscuro está, es que ya va a amanecer.
Ilustración de Andrés Casciani
