«Señora presidenta, le escribo para denunciar un hecho de abuso y prepotencia por parte de sus policías». Carta abierta de un padre de familia a Angelina Muñoz, alcaldesa de Hermosillo

Señora Presidenta:

Le escribo para denunciar un hecho de abuso, prepotencia y falta de respeto de elementos de la corporación policiaca del ayuntamiento a su cargo. El pasado sábado 17 de marzo, mi hijo salió con amigos y terminó durmiendo en la cárcel de la Comandancia Centro. Por la madrugada, ya del domingo, él, su esposa y sus amigos llegaron a un lugar que está en el centro de la ciudad. Se trasladaron en taxi justamente para no infringir el reglamente vigente sobre el manejo bajo el efecto de bebidas alcohólicas.

Quienes usan camisa saben que con las subidas y bajadas de los carros esa prenda se desfaja. Antes de entrar a donde iban se dispuso a fajarse y en eso llegó una patrulla, le echaron las luces y se fueron sobre él porque, según ellos, estaba orinando en vía pública. Cuando él les preguntó que si dónde estaba el charco (porque usted debe saber que cuando uno orina en vía pública queda un charco, o por lo menos lo mojado), los policías le dijeron que se estaba resistiendo al arresto y a punto de golpes lo subieron a la patrulla. Mi nuera, esposa del muchacho, les dijo que no lo golpearan y un policía le dio tal empellón que la mandó al suelo. Un amigo de ellos (eran tres parejas que andaban dando la vuelta amparadas en que en México no existe el toque de queda) les dijo que no tenían derecho de golpearlo y también lo subieron a la patrulla.

Como sucede en estos casos, acudí en su auxilio acompañado de mi esposa y allí nos pasaron con el juez calificador, quien se identificó como Eduardo Ruiz. Lo acompañaba el policía Galindo (no supe el nombre). Mi hijo es un muchacho de 32 años, con maestría en la UNAM, padre de tres niñas, profesor de preparatoria, culto y muy informado de la situación nacional. Sin embargo, como usted quizá sepa, los hijos suelen contarles a los padres versiones que matizan o reducen sus culpabilidades y muchos padres cometen el error de creerles a plenitud. Yo nunca lo he hecho y acudí con la creencia de que seguramente habían cometido una falta y por esa razón estaban detenidos.

El juez nos dijo que se trataba de una falta administrativa, que ameritaba multa o arresto, que iría de una a 36 horas, según la calificación del juez. Dicha falta, nos informó al tiempo que nos mostraba el texto en la pantalla de su computadora, está consignada en la el Capítulo Sexto sobre faltas al orden público, Artículo 157, fracción XXVII. La falta consiste en “deambular en la vía pública en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga o enervante, si se entorpece con esto el tránsito vehicular o se afecta a terceros o se pone en riesgo su integridad física”.

Le manifesté al juez mi extrañeza porque la razón por la que los detuvieron era que habían orinado en la vía pública. Le dije que quizá como esa falta no se había cometido, los policías se sintieron en la necesidad de recurrir a otra. Pero suponiendo que sea cierto que hubieran ingerido alcohol, le informé al juez que en el párrafo que nos leyó había un condicionante… El policía Galindo soltó una risotada que, además de irrespetuosa, indicaba que no sabía lo que les estaba diciendo. El juez se me quedó mirando y comprendí que él tampoco sabía lo que yo decía, y entonces le expliqué que un condicionante es una cláusula gramatical que matiza o aclara la primera parte de una oración. Les dije que hasta ahora no está prohibido ingerir alcohol y tampoco salir a la calle habiéndolo ingerido, a condición de no ingerirlo en la vía pública y no incurrir en las faltas que menciona la condicionante señalada. Dado que el juez me dijo que la falta había sido andar en la calle en estado de ebriedad, le pregunté si eso había sido todo y él, dando un golpe en el escritorio, me preguntó que si qué más quería. Es que la condicionante, los instruí, establece que deambular en estado de ebriedad se convierte en una falta administrativa “si se entorpece con esto el tránsito vehicular o se afecta a terceros o se pone en riesgo su integridad física”. Los policías vieron a alguien fajándose la camisa, creyeron que estaba orinando, descubrieron que no era así y al ver que efectivamente habían tomado, decidieron llevárselos a punta de golpes. El caso es que ni ellos ni el juez percibieron o creyeron importante detenerse en las condicionantes.

Posteriormente, el juez me informó (como si buscara agravar ante mis ojos la conducta de mi hijo) que los muchachos iban a entrar a “a un negocio ilegal donde se vende alcohol y drogas sin permiso de la autoridad”. Le pregunté lo que es lógico que le preguntara: que si por qué él, que sabía que en ese lugar se cometían tales delitos, no había actuado imponiendo la ley. Me dijo que estaba fuera de su jurisdicción, y cuando le pregunté por qué no había puesto la denuncia ante la autoridad correspondiente, se impacientó tanto que ordenó a gritos al policía Galindo que nos sacara de allí.

Yo entiendo que el señor juez calificador, aunque sea licenciado, ignore las reglas más elementales de la gramática y que eso les lleve a hacer una lectura bárbara de las leyes y reglamentos. Si las cosas terminaran allí, uno paga la multa (o cumple el arresto) y punto. Pero las cosas no terminan allí porque ellos se abrogan el derecho a tratar a las personas de manera agresiva e intimidante.

Cuando ya nos íbamos, mi esposa me dijo que nos deberíamos regresar para ver al muchacho y su amigo. El juez Ruiz, recurriendo a los profundos recovecos de su escasa tolerancia, le dijo al policía Galindo que me llevara a los separos un minuto. Sinceramente, pensé que lo del minuto era una cosa retórica, pero no, era literal. Vi en una celda atestada de gente pobre (muchos de ellos, al parecer, en situación de calle) y vi al muchacho con gesto de dolor por las lastimaduras que le causó el maltrato.

A media frase, el policía Galindo, que no se me había despegado, me dijo: “Bueno, se te acabó el minuto”. Intenté terminar lo que estaba diciendo, pero el policía me dio tal empellón que estuve a punto de caer. Avancé hacia la puerta, pero justo en el umbral, volvió a empujarme con fuerza y, sobre todo, sin el más mínimo respeto, al tiempo que decía que si abría la boca una sola vez más me encerraría. ¿Bajo qué cargos? Eso es lo de menos, allí los inventan.

Cuando iba de salida vi al juez y le informé de lo que había pasado. Él me miró con un gesto que quería ser burla, sarcasmo o cinismo (no lo sé porque el individuo es menesteroso para todo lo que se refiera a lenguaje) y me fui.

Esa madrugada iba pensando: si esta es la gente que va a aplicar la nueva ley de seguridad interior, si esta gente es la beneficiaria de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre revisiones de autos sin más que el “criterio” policiaco, entonces los ciudadanos estamos inermes; vamos a ser rehenes de esos personajes uniformados y con pistola que todas las noches se estacionan afuera del negocio ilegal que dice el juez Ruiz, a esperar que salga alguien a entregarles algo que no sé qué es, pero que debe ser valioso porque el desfile de policías allí es intenso, sobre todo los fines de semana; vamos a ser víctimas de policías que usted puede ver, si quisiera, extorsionando automovilistas a los que se les debería decomisar el automóvil porque van borrachos y son un peligro, pero que evaden el retén con una “mordida” negociable en el lugar; debería usted informarse de primera mano de las historias de horror que sufren los visitantes nacionales que viven en Estados Unidos a manos de la policía de Hermosillo durante el mes de diciembre, sobre todo en el Bulevar Ganaderos.

Viendo los hechos que aquí narro, ¿cómo se le puede creer a la policía cuando asegura que los “abatidos” son macheteros y que lo “único” que hicieron fue detener la agresión?, ¿Y si no es más que un asunto de ajuste de cuentas? Al fin y al cabo, ¿quién va a verificar que al muerto no se le sembró un machete para hacerlo pasar por “machetero”?

Así que, señora presidenta, si un día de estos llega el jefe de la policía municipal a informarle que todo está marchando maravillosamente bien, piense que quizá esa calificación se refiera a las finanzas de los policías y no al bienestar de la ciudadanía. Mejor dese una vuelta por las colonias y pregúntele a la gente lo que opina de su policía; visite los separos para que observe cómo tratan a la gente (de preferencia llegue usted sin previo aviso y sin mucho equipo, para que los sorprenda). Y por último, vaya una noche de estas, vestida como una ciudadana cualquiera, al “ilegal” lugar (está en el centro de la ciudad) y vea con sus propios ojos lo que allí se cocina entre el propietario y los policías. Si usted no sabe bien dónde está ese lugar, pregúntele en la comandancia centro a quien sí sabe, el Juez Calificador Eduardo Ruiz (espero que ese sea su verdadero nombre; a ver si no se tiene que investigar, además, el delito de robo de identidad).

Hago esta denuncia no sin temor porque quienes tienen la autoridad, la placa y la pistola en México suelen actuar con muy poco apego a la ética y a la ley. Espero que una vez enterada usted de estos hechos, además de tomar las medidas que su responsabilidad obliga, tome las conducentes para evitar que yo y mi familia vayamos a sufrir una agresión más.

Sin más por el momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para aportar más información sobre este caso, si fuera necesario.

Atentamente

Dr. Alejandro Valenzuela

Profesor-investigador en la Universidad de Sonora

Correo electrónico: alexval@unison.mx

Esta carta abierta a la alcaldesa Angelina Muñoz fue presentada como denuncia en el Ayuntamiento de Hermosillo. A continuación las imágenes del documento.